El Frontón: un fallo con sesgo ideológico

Uso estas líneas para explicar brevemente cómo se ha generado la acusación constitucional a los cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC) ante el Congreso de la República. La denuncia para dicha acusación fue presentada por miembros de la Marina de Guerra del Perú, respaldada por Pedro Olaechea, hoy ministro de Estado y congresista de la República, y también por el congresista Jorge del Castillo. Una denuncia en la que Fuerza Popular no tuvo ninguna intervención, como quiere hacer creer el sector progre-caviar.

Respecto a la evaluación jurídica del fallo de los miembros de dicho Tribunal, hoy acusados, ha sido unánime el pronunciamiento de diversos juristas y opinólogos señalando que se trata de un fallo a todas luces ilegal. Por ello resulta —en su opinión— procedente la acusación contra dichos magistrados, como un mecanismo válido de control de poder, expresamente previsto en nuestro marco constitucional.

Es preciso recordar que, en 1986, hace ya más de treinta años, se dio un motín por un grupo de individuos —el caso El Frontón— que tenían como propósito destruir nuestra precaria democracia e imponer un régimen sin derechos, basados en principios del maoísmo —pensamiento Gonzalo— que pugnaban por un gobierno dirigido por Abimael Guzmán. Sobre este caso, hace unos meses, pese a existir una sentencia absolutoria a favor de los miembros de la Marina de Guerra que participaron en las acciones militares al interior de dicho penal, el TC, con apenas la mayoría de los miembros, resolvió que el proceso penal debía ser reabierto, sometiéndose nuevamente a los implicados a un juicio iniciado hace ya 30 años. Un calvario para estas personas que resguardaron nuestra democracia, y derivado de una SUBSANACIÓN que resulta ilegal.

Algunas ONG y otros ¨defensores¨ de los DD. HH. han señalado que el fallo se ajusta a lo dispuesto por la Corte Interamericana de DD. HH. Lo cierto es que esta corte no determinó en ningún documento que los hechos ocurridos en El Frontón constituían crímenes de lesa humanidad, sino que correspondía al Perú realizar una investigación y sancionar a quienes pudiesen resultar responsables.

En tal sentido, conforme lo han señalado los ex magistrados del TC que suscribieron la sentencia del 2013, la discusión versaba sobre si estos hechos constituían o no delitos de lesa humanidad. Fueron tres magistrados quienes opinaron que los hechos acaecidos no calzaban como crimen de lesa humanidad, y otros opinaban tres que sí. El magistrado Vergara Gotelli coincidía en que los hechos no podían ser calificados como crimen de lesa humanidad, pero con otro fundamento, que explicaremos luego, por lo que se emitió una sentencia que concluía que tales hechos no constituían delitos de lesa humanidad. Por lo mismo la acción penal contra los marinos había concluido constituyéndose el fallo en COSA JUZGADA.

Sin embargo, luego de cuatro años, y tal como lo ha señalado el ex magistrado Carlos Mesía, a pedido de algunas ONG con influencia ideológica de izquierda y del procurador público supranacional, que no eran partes del proceso, se solicitó al TC reconformado aclarar el voto del Dr. Vergara. Al respecto, el voto señalaba muy claramente que los hechos ocurridos en el penal El Frontón no son delitos de lesa humanidad, porque ocurrieron antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma y la suscripción de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Es decir, su voto coincidía con la tesis de que tales hechos acaecidos en El Frontón no constituyen delitos de lesa humanidad, pero diferenció su fundamentación.

Esta diferencia constituye —a criterio de diversos juristas, incluidos el Dr. José Luis Sardón— un fundamento del voto del Dr. Vergara para apoyar el fallo en su conjunto; pero no constituía un voto singular del ex magistrado en contra de la sentencia, que es lo que pretenden alegar los miembros objeto de la acusación. Mucho menos podía ser materia de subsanación alguna de la voluntad expresada por el ex magistrado Vergara, pues ella es clara y contundente: los hechos ocurridos en El Frontón no constituyen delitos de lesa humanidad. Reiteramos con ello que el fallo se constituyó en COSA JUZGADA.

Ahora bien, en el entendido que se han visto afectados sus derechos, porque se ha vulnerado el principio de la COSA JUZGADA, los marinos involucrados en este lamentable motín presentaron una acusación constitucional contra los cuatro Magistrados del TC que participaron en la emisión de la sentencia modificada y el auto de “subsanación” del voto del Magistrado Vergara. Ahora corresponde a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales indagar si existe o no una infracción constitucional en el accionar de dichos magistrados.

Hasta aquí la participación de Fuerza Popular ha sido nula o casi nula. Presidimos la Subcomisión de Acusaciones, pero este hecho deriva de la alta votación que obtuvimos en los comicios pasados, no por otra situación. En tal sentido, la acusación se tramitará bajo las normas vigentes. Solo en caso de que se evidencien indicios de infracción constitucional se emitirá la recomendación que corresponde, no por ser una fuerza política autoritaria sino porque es lo que corresponde al Estado de derecho en el que se desenvuelve nuestra institucionalidad democrática.

Estos hechos nos llaman hacia una reflexión también necesaria ¿Acaso la sentencia que fue modificada se hizo obedeciendo a criterios ideológicos? Es acaso que los sectores de izquierda-caviares buscan a través de estas críticas el castigo para quienes permitieron la derrota de las ideas extremistas, manteniendo discursos similares mediante frases sueltas como “terrorismo de Estado”, “Fuerzas Armadas violadoras de DD. HH.”, “no son terroristas, son luchadores sociales” entre otras que son esbozadas constantemente en discusiones en nuestro escenario político.

Es ante esta evidencia que tenemos el compromiso de dar la lucha ideológica contra estos actores que pretenden imponer, sin contar con el poder, un derrotero basado en su ideología, y que no es el sentir mayoritario de peruanos, conforme a los resultados del último proceso electoral.