El fracaso de la inversión pública

Es necesario agilizar la inversión en todas sus modalidades

El pueblo peruano ha construido, al margen del Estado y de los gobiernos, sus propios medios de vida (trabajo, comercio, industrias, asociaciones vivienda), imponiendo en el país la libertad económica. Los sectores populares han sido complacientes con las dictaduras porque se han utilizado mutuamente: el pueblo para conseguir servicios básicos y los dictadores para usar a ese mismo pueblo políticamente en contra de los partidos democráticos, que se alejaron de este sin entender que encarnaba al nuevo Perú.

Las reformas modernizadoras de izquierda y de derecha han sido hechas al borde del abismo, cuando podían surgir crisis mayores (Velasco y Fujimori). Todas estas reformas fueron impulsadas desde el Estado y, a pesar de estar incompletas, hace una década que crecemos económicamente. El crecimiento económico se debe a la inversión fundamental para disminuir la pobreza. Como señala el Estudio de la Controlaría General de la República1.  

Los datos que nos da la Contraloría son espantosos: falta de información estadística para programar las inversiones y los incumplimientos de los gobiernos regionales, que no elaboran sus planes de desarrollo concertado ni los planes estratégicos institucionales. El 94% y el 77% de las municipalidades provinciales y distritales (respectivamente) urgen apoyo técnico. El 43% de proyectos no están destinados a cubrir las brechas en transporte, educación, salud, agua y saneamiento. El 36% de los montos viables y el 34% del Presupuesto Institucional Modificado de los gobiernos regionales y municipalidades no están destinados al cierre de brechas en dichos sectores.

Se señala además que los proyectos están “atomizados”, que la mayoría de proyectos viables no inicia en el tiempo señalado (generando sobrecostos innecesarios), y que la rentabilidad social y sostenibilidad de los proyectos no es sustentada ni evaluada con el rigor debido. La mayoría de proyectos de inversión emplearon más de una modalidad de ejecución, fueron muy pocos los gobiernos descentralizados que utilizaron las APP y Obras por Impuestos (menos del 1% de la inversión pública). La mayoría de los proyectos de inversión son por administración directa, modelo favorito de la corrupción y del famoso 10% que imponen los proveedores y pequeñas empresas que financian las campañas electorales en las regiones.

El estudio comprueba que las desigualdades sociales no son una ficción de los radicales. La existencia del 30% de pobreza extrema se comprueba en los diez millones de peruanos que no tienen agua, en el 82% de agricultores que no tienen acceso al crédito, en los 400,000 mineros informales abandonados por el Estado. Un país en el que el 75% de la economía es informal y en el que los ciudadanos viven al margen del Estado y del gobierno explica la anomia en la que nos encontramos.

El Estado abandona a la inversión pública y privada también a los pueblos y comunidades campesinas. El país requiere una revolución que agilice la inversión en todas sus modalidades y que incorpore al pueblo en esas inversiones. Si no vamos por ese camino, reitero, la democracia seguirá siendo una farsa que nos convoca cada cinco años a volver elegir entre promesas que no se cuimplirán.

Después de leer los estudios de AFIN2 y de La Contraloría, de escuchar a los dirigentes sociales estigmatizados por el sistema y de ver el pobre nivel de debate de los fujimorismos (el político de Keiko y el económico de PPK) concluyo: si seguimos en el mismo camino el 2021 o antes tendremos una revuelta radical con el apoyo masivo del pueblo peruano.

¹ Ver El estudio de la Contraloría General de La República “Efectividad de la inversión pública a nivel regional y local durante el período 2009 al 2014”.

² AFIN: Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025

Tino Santander Joo