El estigma del capitalismo peruano

Quieren convertir al Perú en un paraíso del lavado de activos

¿Existe en el Perú una narcoburguesía? Basta solo un dato de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para dar una respuesta afirmativa a esta interrogante: entre el año 2007 y 2015 la droga, la minería informal, el contrabando y otras actividades ilícitas, lavaron activos por un monto de US$ 13,000 millones. De este monto, el 43% proviene del tráfico ilícito de cocaína. No hay que tener dos dedos frente para saber que esa es la fuente para el surgimiento de un segmento de empresarios ligados al narcotráfico y a un espacio económico que, desde diversas vertientes ideológicas, se ha interpretado como síntoma del “lumpen capitalismo” o el “capitalismo de compinches”.

Cuán lejanos estamos aún de lo que Max Weber trató en su obra magistral La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En el Perú no se percibe desde el sector empresarial ni desde la academia, y menos desde los partidos políticos, una voluntad de reforma para crear un espíritu que marche con firmeza y a contracorriente de una voluntad de cohabitación con el narcotráfico y otras vertientes de la economía delictiva. Lamentablemente, las últimas decisiones de la mayoría del Congreso de la República para negarle facultades al Ejecutivo a fin de legislar en materias que permitan un real empoderamiento de la UIF, y que esta información sea compartida por la ONPE o el JNE, demuestran que estamos aún muy lejos de sacarnos el estigma de ser un país cuyo desarrollo capitalista no se fundamenta aún en sanos cimientos.  

Frente a esta cruda realidad, los representantes de la entidad encargada de investigar los procesos de lavado de activos han señalado reiteradamente que se necesita una fuerte voluntad política de todos los sectores para revertir esta situación y otorgarle mayores poderes a la UIF. Pero el Congreso se aferra al obsoleto principio constitucional que solo el juez puede autorizar el ingreso a la reserva tributaria o bancaria.

Si existiera una real convicción de construir un capitalismo sano, democrático y libertario el Congreso tendría inmediatamente que derogar o modificar el inciso 5 del Artículo 2 de la Constitución, el cual concentra en el juez, el Fiscal de la Nación o el Congreso las únicas posibilidades de autorizar el levantamiento del secreto bancario o tributario. Todas las UIF de América Latina tienen, sin excepción, acceso directo al secreto bancario y tributario; excepto la de Chile, que requiere la autorización de un juez. En aquellos países a nadie se le ocurre inventar fantasmas de un intervencionismo o persecución contra empresarios y políticos.

De nada le ha servido al Perú ser partícipe de convenciones internacionales contra el crimen organizado y con las cuales se ha comprometido, entre otras acciones, para que la UIF pueda acceder fácilmente al secreto bancario y a la reserva tributaria de las personas y empresas sospechosas. así como de las operaciones inusuales. En la práctica cotidiana, esta UIF tiene muchas dificultades para detectar transacciones sospechosas o inusuales. Según esta entidad, entre enero de 2007 y marzo del 2016, el número de reportes de operaciones sospechosas llegó a 33,339, de estas las cuales el 39% proviene de bancos.

Los delitos que dan origen al dinero y a los activos ilícitos provienen mayoritariamente del narcotráfico. Somos el primer productor mundial de cocaína y producimos opio y marihuana; mientras que, por otro lado, se extienden la minería ilegal, la corrupción, el contrabando, la piratería y hasta la trata de personas. No tener un fluido acceso al secreto bancario y a la reserva tributaria de los sospechosos, transforma a la UIF en una entidad pusilánime y convierte al Perú en un paraíso del lavado de activos.

Desde un racionalismo formalista y conservador puede parecer muy heterodoxa la propuesta de Yohny Lescano, para someter a referéndum que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda compartir información con el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE. Pero no nos vendría mal que se puedan conseguir las 50,000 firmas necesarias en los próximos días, y así someter a la mayoría del Congreso a un jaque mate en este crucial tema.

Neptalí Carpio