El Estado y los trabajadores

¿Por qué el Estado es el primero en violar los derechos laborales de los trabajadores?

El problema generado por la afiliación de los llamados independientes a las AFPs, es un asunto de orden. Porque lo que se ha tratado de arreglar es el futuro de los trabajadores, cuando lo que se debe solucionar es el presente.

El desorden en materia laboral, las sobrecargas que impone el Estado o la irresponsabilidad de algún sector del empresariado han generalizado el fenómeno de trabajadores que son dependientes pero que reciben su retribución a través de recibos de honorarios profesionales. El asunto es tan generalizado que hasta en el propio Estado existen casos de trabajadores que giran recibos de honorarios.

Y como todos sabemos el dependiente debe aparecer en planillas y tener una serie de derechos que se evaden a través de la contratación con recibos de honorarios. A un dependiente en planilla se le descuenta para el seguro social y para su fondo de pensiones. Tiene además compensación por tiempo de servicios. Sin embargo, ante la mirada cómplice del Ministerio de Trabajo (¿quiénes han sido ministros recientemente?) se permite la existencia de este régimen que afecta los derechos de los trabajadores. Tan grave es la situación que incluso los mismísimos inspectores laborales han estado por mucho tiempo contratados bajo el régimen honorarios profesionales.

Según recientes cifras del INEI, un 74.3% de los empleos en el país son informales. Es una cifra enorme y que nos muestra que el Estado se preocupa por incrementar el universo de los que aportan a los sistemas previsionales, pero no por facilitar el tránsito de los informales a la formalidad.

El asunto es tan sencillo que si el Estado se preocupara en que todos los dependientes que aparecen como “independientes”, es decir todos los trabajadores que debieran estar en planilla y aparecen girando recibos de honorarios profesionales, se adecuaran a las leyes laborales, más peruanos cotizarían a los fondos de pensiones y con ello se resolvería parte de su futuro. Y en ello radica el error del gobierno: quiere resolver el futuro sin resolver el presente.

Y en esto de las leyes laborales deberíamos establecer un principio con rango constitucional: No se le puede exigir a los privados aquello que el sector público incumple. Así, toda obligación o carga laboral que se quiera imponer al sector privado, debiera ser cumplida por el aparato estatal con anterioridad. Porque el Estado exige al privado beneficios sociales y estándares de seguridad que él mismo incumple con sus trabajadores. La teoría para el particular, el atajo para el Estado.

Se supone que en materia laboral el Estado actúa de manera tuitiva, protegiendo a los trabajadores. Pero lo cierto es que las reglas son diferentes para el trabajador estatal que para el privado. El Estado como empleador dicta para sí mismo normas de fácil cumplimiento, mientras que carga al privado una serie de normas que incrementan los costos de producción. Esto debe cambiar.

Por Juan Carlos Valdivia