El Estado ha perdido contacto con la realidad

La noticia no sorprende, pero indigna. Una vez más, desde una instancia del Estado —esta vez el Congreso— se hace gala de un clamoroso alejamiento de la realidad: se propone gastos para dotar de elementos absolutamente innecesarios para la labor parlamentaria. Mientras que, por otro lado, los servicios de educación, salud y seguridad que proporciona (es un decir) el Estado muestran deficiencias enormes que no se condicen con los impuestos que ese mismo Estado, en forma voraz e incontenible extrae de los bolsillos de ciudadanos, a quienes oprime sin misericordia. Tal vez la noticia sea negada, se trunque por haberse “filtrado” o se trate de un fake. Más allá de ello, es claro que estamos frente a instancias estatales administradas por políticos y su gente “de confianza”, quienes gastan el dinero ajeno, el dinero de todos los peruanos, de un modo inaceptable, criminal y punible.

Estamos llegando a un punto intolerable. Mientras el fútbol, ese fuerte analgésico, nos hace bailar la música del Mundial de Rusia 2018 —cuyo bonus track en el Perú hace sonar el estribillo “indulto para Paolo”— se nos impone un “paquetazo” tributario que perpetra el virtual jefe de la mafia cobradora de cupos (léase ministro de Economía) contra indefensos ciudadanos. Peor aún, esa servidumbre que toda la ciudadanía sufre a favor de los grandes medios de comunicación, reflejada en transferencias de millones (provenientes de fondos ciudadanos) a cambio de una publicidad estatal en esos medios. Una publicidad inútil, banal y siempre sospechosa de ser solamente contraprestaciones de sujeción política al poder de turno. Esa publicidad debe acabarse de inmediato. Es todo un clamor popular la aprobación de la llamada “Ley anti mermelada”.

¡Basta de recolectar impuestos como lo haría cualquier sucio mafioso! ¡Basta de mantener un Estado que se comporta como un vil ejército de ocupación! Es urgente que una verdadera reforma tributaria muestre abiertamente qué parte de los impuestos se usa directamente en lo que debe usarse: las contraprestaciones efectivas en educación, salud y seguridad. Basta de darse “gustitos” con dinero ajeno, el dinero que un aparato tenebroso y violento arranca de nuestros bolsillos, con una voracidad insaciable que debe castigarse. Hace mucho tiempo —si acaso alguna vez lo tuvo— el Estado ha perdido la conciencia de lo que cuesta producir riqueza. Por eso los salarios y los “beneficios” se distribuyen a diestra y siniestra en el aparato estatal sin mayor obligación a que ese Estado cumpla (en forma mínima) los fines con los que justifica ese cobro de impuestos.

Un cambio radical en los principios que guían la acción del Estado resulta de necesidad urgente. Debe reorientarse la preocupación prioritaria al cumplimiento de las obligaciones asociadas al cobro de impuestos; es decir servicios en educación, salud y seguridad. No se puede justificar la pobre performance estatal y la consiguiente contraprestación ineficaz —al extremo— de estos servicios, con el hecho de que no se cobre suficientes impuestos. Primero que se nos muestre el uso correcto, justo y racional del dinero de todos los peruanos. Pero desde las instancias del Estado se hace todo lo contrario. Quieren dinero, más dinero. No tienen ningún derecho a reclamar más dinero de los desgastados bolsillos de los ciudadanos, cuando la actual contraprestación es terriblemente precaria e ineficaz.

Un Estado hipertrofiado, que ha crecido casi cuatro veces desde fines de los noventa sin que los servicios que presta tengan una mejora equivalente a favor de los ciudadanos, hace urgente que se ponga énfasis en reducir ese gasto por respeto elemental a esos ciudadanos. Cada impuesto debe evaluarse de modo que quede en vigencia si es que se justifica con una contraprestación eficaz y necesaria. De otro modo debe desaparecer.

Los ciudadanos merecemos respeto. La medida de ese respeto es que desde el Estado, quienes tengan el encargo temporal de administrarlo, tomen conciencia que ese Estado no tiene dinero ni poder propio. El dinero es de los ciudadanos, y los políticos en el Gobierno no tienen derecho alguno a hacer con ese dinero lo que les plazca, sino ponerlo al servicio directo de los propietarios de ese dinero, los ciudadanos. Tampoco el Estado tiene poder propio, sino solo el que los ciudadanos conceden temporalmente a los políticos que lo administran. Durante ese ejercicio se debe rendir cuentas en forma permanente y con una administración transparente, legal y legítima. No hay sistema que resista tal perversión de ejercer poder y gastar dinero desde el Estado sin medida ni clemencia. Cuidado.