El Estado es de todos, pero…

Quienes agitan las banderas de la defensa de los intereses del Estado nacional, por encima de los de las personas naturales, se equivocan u olvidan deliberadamente que el Estado, al fin y al cabo, es controlado por un grupo o conjunto de personales naturales que lógicamente defienden sus propios intereses. Cuando se propone limitar la discrecionalidad del Estado lo que se propugna es que los funcionarios tengan menores opciones de enriquecerse ilícitamente.

El Estado es un ente redistribuidor de la riqueza generada. Pero al generar una legislación que le otorga mayores facultades y funciones, lo que sucede es que se produce una exacción del fruto del trabajo de los ciudadanos. Asimismo, al concederle más atribuciones para que regule las relaciones que establecen en libertad los mismos ciudadanos, casi siempre el resultado ha sido adverso a lo propuesto por los políticos. Analicemos puntualmente la legislación laboral: mientras más rígida, mayor es el número de trabajadores informales. En tanto que mientras menos rígida, el acceso a la formalidad mejora, así como la protección al trabajador.

Cuando se creó el régimen laboral agrario se estimuló el empleo de los trabajadores del campo, mejoraron sus condiciones de trabajo y, en simultáneo, se fortalecieron las empresas. Esa es la razón por la que se quiere ampliar las bondades de dicho régimen al sector forestal, convirtiendo a dicha actividad en la principal barrera contra la deforestación y la tala ilegal de especies madereras en proceso de extinción.

Los políticos que ofrecen derechos por doquier emplean un discurso atractivo, cautivador; quién no quiere que otro pague la cuenta. Pero al momento de afrontar los costos de la irresponsabilidad, recién nos percatamos de que el Estado se encuentra quebrado. Eso es lo que sucedió en Europa con el denominado “Estado de bienestar”: acostumbró a sus ciudadanos a exigir derechos teóricos que no fue capaz de financiar. Una situación más adversa afrontaron los países latinoamericanos.

Si los Estados son constreñidos a cumplir funciones para brindar seguridad —interna y externa— a sus ciudadanos, así como arbitrar las discrepancias que los enfrenten, las personas naturales se harán responsables de su propio destino. Y tendrán un mayor margen de acción para crecer mediante el intercambio de productos y servicios, en función a sus propios intereses.

El caso peruano es ejemplar. Coincidentemente, quienes asumieron la conducción del Estado desde 1990 a la fecha han sido seriamente cuestionados y acusados de indicios razonables de corrupción durante sus mandatos. No obstante, en el 2000 se produjo un aparente quiebre con los hechos de corrupción, pero lo que sucedió fue un reciclaje con otros actores. La política entendida como acción en representación del colectivo se convirtió en un vehículo conducido por organizaciones criminales que se presentaron ante la ciudadanía como opciones políticas, desde un extremo hasta el otro del espectro político.

Consideramos que es necesario refrescar la clase política. Pero de allí a licenciar a todos es como afirmar que la burocracia es intrínsecamente corrupta por trabajar en el Estado.