El Estado disfuncional

Las regulaciones y trámites sin sentido generan corrupción

El Perú está en el puesto 88 sobre 167 países en el ránking de corrupción de Transparencia Internacional (2015). La corrupción genera costos de transacción, pero estamos tan acostumbrados a ella que ya no nos sorprende. El 93% de peruanos cree que los niveles de corrupción son altos o muy altos. Y el 72% de los peruanos no siente avances en la lucha contra la corrupción en el actual gobierno.

Tenemos un estado disfuncional. Y son las regulaciones sin sentido las que generan incentivos perversos que facilitan la corrupción y la asignación de recursos de manera ineficiente. Con el objetivo de incrementar los ingresos, se han inventado trámites absurdos que encarecen hacer empresa en este país. En el sector público tenemos una capa de funcionarios de mando medio, con poder de decisión, que imponen “tasas” para otorgar autorizaciones. Estas pueden ser requisitos adicionales amparados en alguna explicación técnica, como informes o estudios adicionales y la consabida “recomendación” para la “contratación” de un experto. Niéguese o contrate a un verdadero experto y su autorización será denegada. Los costos adicionales que genera la corrupción limitan la inversión privada y, con ella, el crecimiento económico del país. Sin embargo, no se limita a poner trabas a la inversión, también afecta a los ciudadanos de a pie.

Los negociazos, como los de Moreno, están enquistados en todos los estamentos del Estado. Tenemos sistemas de corrupción instalados dentro del Estado y en el sector privado, ávidos por la captura de rentas. La corrupción en el Perú no solo es endémica, está institucionalizada. ¿Sabe el Ministerio de Transportes la cantidad de tramitadores que te consiguen exámenes médicos y certificados de cursos con el sello del ministerio, sin que hayas pasado por ninguno? Las excesivos requisitos para la obtención y renovación de brevetes genera mafias de tramitadores. “Usted se ve ocupadita, no debe tener tiempo para esto”, te dicen. Difícil creer que los funcionarios del ministerio no lo sepan, ya que están en la puerta del Touring.

¿Por qué los ciudadanos tenemos que dar exámenes médicos y pagarle S/. 68 a empresas privadas para lograr la renovación del brevete? Exámenes psicológicos que duran 40 minutos, exámenes de sangre para obtener el tipo de sangre cuando los protocolos médicos establecen que ante una emergencia es requisito hacer el examen del tipo de sangre? Si es una renovación, ¿por qué hay que volver a dar el examen de reglas de tránsito? Si los procesos no fueran engorrosos no tendríamos tramitadores ni academias instaladas cobrando por certificar cursos no tomados.

El gobierno ha iniciado un proceso de simplificación administrativa. Para ayudar en el proceso ha lanzado la campaña “Dime tu traba”, llamada a identificar toda acción, trámite, procedimiento o requisito que te parezca arbitrario, inútil y repetitivo. Si bien la incitativa acerca al ciudadano a la autoridad y lo empodera, en la medida en que genera un canal de comunicación directo, este no es suficiente. El Ejecutivo necesita hacer una reingeniería de procesos, y para ello es necesario hacer una evaluación seria y basada en evidencia que provenga no de los ciudadanos, sino de expertos en políticas públicas. El Estado peruano no funciona. No funcionan las OPI de los ministerios, ni los sistemas de compras, ni los entes reguladores, ni las entidades llamadas a dar autorizaciones.

Es por ello que tenemos que estandarizar procesos y limitar la discrecionalidad de los funcionarios públicos, que lleva a la arbitrariedad y la corrupción. Esta última restringe la eficiencia, la eficacia y la probidad del sector público, y erosiona la legitimidad de la democracia, debilitando la gobernabilidad.

María Cecilia Villegas