El discurso presidencial que nunca escucharemos

Este es el discurso presidencial que muchos quisiéramos escuchar para terminar, de una vez por todas, con los desatinos, intromisiones y atentados que perpetra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la soberanía de los pueblos:

“Queridos compatriotas. En los últimos años hemos sido testigos de una serie de hechos relacionados con decisiones, gestiones y hasta amenazas que se profieren desde diversas instancias del sistema interamericano contra países firmantes del Pacto de San José. Al principio estos hechos eran subsanados en forma bilateral, asumiendo que podría tratarse de situaciones fruto de error, desinformación o malentendidos. También, creyendo en la buena fe de las partes, se acataban desde la premisa de que no había otra intención más que la de dar fiel cumplimiento a los compromisos asumidos por los países signatarios y por el sistema interamericano, en especial en la línea de la defensa de los derechos humanos.

En el caso del Perú, el trauma que significó tener que enfrentar las consecuencias de la terrible corrupción del Gobierno de Alberto Fujimori, a fines de los años noventa, nos encontró poco prolijos al momento en que las autoridades del Gobierno de transición de Valentín Paniagua se allanaron en diversos procesos conducidos por la Corte IDH. Sucesivos allanamientos se produjeron también durante el Gobierno de Alejandro Toledo. Esta falta de prolijidad nos convirtió, como Estado, en cómplices por omisión de las tropelías cometidas por la Corte IDH. Un elemento común a este proceso fue la presencia activa del Sr. Diego García-Sayán (quien, como otros, usaba impunemente un título de doctor que nunca tuvo). Él fue ministro de Justicia con el presidente Paniagua entre 2000 y 2001. También fue ministro de RR. EE. con el Gobierno de Toledo, entre 2001 y 2004. García-Sayán fue el operador principal de todos los allanamientos del Gobierno peruano en los procesos que abría la CIDH. Cuando dejó de ser ministro, fue nombrado juez en la Corte IDH, ante la cual, como ministro, se había allanado y renunciado sospechosamente a la defensa del Perú. Finalmente, en 2010 fue nombrado presidente de la Corte IDH. Nadie lo quiso decir. Todos lo pasaron por alto. En definitiva, se trató de un grave conflicto de intereses manifestado en corrupción de puertas giratorias, con García-Sayán pasando de uno a otro lado del mostrador, en un proceso con todas las evidencias de haber sido concertado, siempre perjudicando los intereses del Perú y sus ciudadanos.

Ese no es el único cargo que hoy hacemos contra la Corte IDH. Acaso sea el menor, pese a ser muy grave. Según una nueva doctrina de convencionalidad que la Corte IDH ha venido aplicando unilateral e inconsultamente —contra todo principio de derecho internacional— esa corte se ha arrogado interpretar a su libre entender, parecer y discrecionalidad un tratado que debe atenderse según su literalidad. Sobre esa base, entre otros despropósitos, ha pedido anular un referéndum al que acudieron trece millones de ecuatorianos, y hoy pretende modificar nuestra constitución e interferir en procedimientos legítimos del parlamento peruano, ordenando su anulación. Apoyamos la iniciativa del presidente del Congreso, quien ha declarado inaplicable la sentencia de la Corte IDH que le ordena archivar un proceso contra jueces presuntamente prevaricadores en el Tribunal Constitucional Peruano (TC). Nada ni nadie puede estar por encima de la voluntad popular, y la Corte IDH debe tenerla en cuenta sometiéndose a ella, de ninguna manera pretender suplantarla.

Queremos ir más allá. Teniendo en cuenta que la Corte IDH ha asumido atribuciones que no se encuentran en parte alguna del tratado de San José, esta corte ha incurrido en una grave falta que la inhabilita de hecho para continuar a la cabeza del sistema interamericano de derechos humanos. Por lo tanto, declaramos que la Corte IDH ha dejado de existir tal como se le definió en el Tratado de San José e invocamos a los países miembros de la OEA a reunirse, en el más breve plazo, con el objeto de cubrir el vacío dejado por lo que en la práctica es la autodisolución de la Corte IDH. En esta reunión de los países miembros se deberá definir un marco legal de tal naturaleza que impida la extrema ideologización a la que fue sometida la Corte IDH durante su anterior existencia, además de impedir que en el futuro se pretenda someter la soberanía de los países de la región a la manipulación de oligarquías burocráticas. Mientras dure el proceso de transición, a partir de este momento, todas las causas y sentencias de la Corte IDH recientemente autodisuelta serán archivadas temporalmente y su reapertura se someterá a la nueva Corte IDH, que emergerá fruto de un nuevo consenso regional. En lo que a nuestro país concierne, todas las restricciones establecidas por la Corte IDH recientemente autodisuelta son liberadas, y presentaremos en los próximos días al parlamento nacional, diversos proyectos que atienden el clamor popular. Entre ellos la pena de muerte en casos de extrema crueldad y violencia, la revisión total y posible reversión de beneficios penitenciarios otorgados a terroristas convictos y confesos, el endurecimiento de penas contra la apología al terrorismo, y la protección legal que el Estado debe a todos los miembros de las FF. AA. y FF. PP., cuya supuesta participación en actos contra los derechos humanos nunca ha sido probada, pese a largos años de investigación. ¡Basta ya de perseguir a nuestros héroes en la lucha contra el terrorismo! ¡Defendamos nuestra soberanía que emana de la voluntad popular! ¡Viva el Perú!”

Lamentablemente, es poco probable que desde los espacios políticos coloidales en los que discurren la mayoría de nuestros políticos —y en especial desde un oficialismo cansino, diezmado y corrompido— haya una reacción valiente y decidida frente a las pretensiones de la oligarquía ideológica de izquierdas que, desde la Corte IDH y otras instancias internacionales, aspira a construir e imponer una superestructura de poder ilegítima y ajena a la voluntad popular. ¡No pasarán!