El derecho de consulta de los padres de familia

Normas de educación adolecen de mecanismos de consenso y consulta

La familia es el medio natural para el desarrollo y el bienestar de los niños y las niñas, y es reconocido así a partir de la Convención de los Derechos del Niño. Son los padres de familia quienes tienen no solo el derecho sino el deber de criarlos, cuidarlos y protegerlos. Para tal fin, el Estado peruano debe orientar su legislación y políticas al fortalecimiento de la unidad familiar en razón a su rol esencial.

El reconocimiento constitucional de la participación de los padres en el proceso educativo como un derecho coadyuva a la consecución de los fines de la educación peruana establecidos en la Ley General de Educación. Los padres son sujetos activos en la educación de sus hijos: eligen el centro educativo, participan en la evaluación de los procesos de aprendizaje y son consultados en la construcción del currículo escolar, como parte de la comunidad educativa.

La consulta a los padres de familia tiene un rol esencial en la formulación de políticas públicas educativas eficientes en favor de los menores de edad. Y en mérito a la patria potestad que los padres ejercen, tienen responsabilidad civil y penal frente a las acciones y conductas de los hijos en su entorno escolar y social. En consecuencia, la consulta a los padres de familia resulta además un mecanismo de garantía para el sistema educativo.

¿Por qué negarnos a reconocer este derecho a la consulta que tienen todos los padres de familia? ¿Quién mejor que el padre o la madre para decir lo que necesitan sus hijos? ¿Quien los conoce mejor? ¿Por qué desconocer el derecho de educar y criar a nuestros hijos bajo nuestras costumbres y creencias? El mismo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce “la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”

Esto no quita que el Estado intervenga en casos en los que exista abandono físico, económico o moral en entornos familiares, ni impide sus acciones de prevención de la violencia y contra la discriminación en el entorno educativo. Pero debe hacerlo respetando las disposiciones constitucionales y legales, así como los roles y derechos de los demás sujetos del sistema educativo.

La reciente crisis ha dejado al descubierto una gran e importante falencia del sector educativo: las normas de educación adolecen de mecanismos de consenso y de consulta, y adolecen de la capacidad de socializar políticas públicas con los docentes y también con los padres de familia. Algo muy urgente en lo que el Ejecutivo debe comenzar a trabajar.

Elizabeth Zea Marquina