El derecho ciudadano a denunciar autoridades

En el Estado democrático de derecho toda potestad pública proviene del pueblo y solo de él. Cualquier trasgresión a este dogma político está expresamente proscrita y configura los gravísimos delitos de rebelión o sedición.

 

Vale tanto para los elegidos en comicios populares, como para aquellos que ocupan altos cargos merced a procedimientos especiales, establecidos por la misma Constitución Política.

Si el poder radica en el pueblo —como todos admiten— no debería causar sorpresa alguna que cualquier ciudadano pueda denunciar las inconductas de los funcionarios. Después de todo, los funcionarios solo administran potestades ajenas, pues carecen de autoridad propia. Su actuación deriva de un poder, cuya última ratio será siempre el pueblo soberano.

Conviene recordar estos principios elementales de nuestra vida en común. Son garantías que no pueden ser franqueadas sin vulnerar nuestros derechos constitucionales. Hoy más que nunca, cuando algunos altos funcionarios se oponen a ser investigados por imputaciones en su contra, vemos como se rasgan las vestiduras, hacen cuestión de Estado, arguyen que se quiere afectar su autonomía y se sienten víctimas de usurpación de sus prerrogativas por otros órganos del Estado.

Lo grave es que estamos ante algo más que una opinión, ciertamente equivocada. Estos argumentos son destinados al arsenal de cierta prensa interesada en desinformar al público con esa gama de falacias e inexactitudes.

No somos ingenuos para desconocer la acrimonia que invade la política y devalúa el debate público. Existen intenciones subalternas tras las denuncias y procesos incoados, de unos y otros. Es la política peruana, ¡qué le vamos a hacer!.

Pero la racionalidad que todavía existe en la sociedad deberá elevarse por encima de la contienda. Preservemos los derechos y procedimientos constitucionales —que están en la base de nuestra existencia cívica— de los usos políticos bastardos. ¡Es la hora de salir en defensa de los principios democráticos y sacarlos de la ciénaga corruptora en que ha devenido el escenario político!

No podemos renunciar a nuestra facultad de denunciar a gobernantes y funcionarios, porque algunos aluden malas intenciones. Esta posibilidad no se descarta, pero jamás se verifica al comienzo, a priori. Se ventila después, en la propia investigación, enmarcada por la garantía constitucional del debido proceso, claro está.

Los funcionarios menores y empleados públicos pueden ser denunciados ante la policía, instancias administrativas u órganos jurisdiccionales, sin problema alguno. No sucede con los altos funcionarios del Estado. Gozan de una protección especial que los exime de ser acusados de modo banal o por inquina, porque sus cargos son estimados muy importantes. Tienen un fuero que los inmuniza contra esa clase de denuncias.

Los arts. 99º y 100º de la Constitución regulan las imputaciones contra estos magistrados. La denuncia ciudadana procederá solo si se levanta el fuero previamente. Hay que despojarlos de la inmunidad asignada. Es el juicio político, también conocido como antejuicio, condición previa al juzgamiento del Poder Judicial, si fueran delitos. Le corresponde al Congreso de la República dar curso a estos trámites.

 

Estos altos funcionarios también pueden ser acusados por “infracciones a la Constitución”; es decir, inconductas funcionales que no se tipifican como delitos. Ante estas situaciones el Parlamento está facultado para imponer sanciones políticas como la destitución del cargo y la inhabilitación hasta por diez años.

El juicio político está enraizado en la tradición constitucional del Perú. Desde los tiempos de vigencia de la Constitución de Cádiz. En nuestro medio, el primer Código Político de nuestra historia, de 1823, reproduce el instituto en su Art. 186º.

Quienes por su propia voluntad han accedido a estas elevadas magistraturas no tienen razón para negarse a estas denuncias e investigaciones. Ellas están en el corazón del Estado Constitucional, que busca limitar el poder de los funcionarios, a la par que tutela los derechos ciudadanos.

Estas autoridades —que tienen poder para disponer de la vida y patrimonio de todos nosotros— no pueden mantener sus privilegios oponiéndose a ser procesados. Ni siquiera arguyendo persecución política. Esto último puede ser esgrimido por los ciudadanos de a pie, los que estamos fuera de los circuitos del poder. Jamás por los detentadores, por los que usan y abusan del poder, y que tienen la posibilidad de cometer arbitrariedades.

Los que ejercen poder serán responsables por sus actos y rendirán cuentas las veces que se los demanden. Si no quieren pasar por ese trance y añoran la posición del simple ciudadano, simplemente no son dignos del cargo que ostentan y la Nación les confía. ¡Que renuncien de inmediato, porque no tienen temple para ser autoridad y asumir las cargas que conlleva!