Jorge Morelli
EL CONTAGIO DE LA CORRUPCIÓN
El presidente debe asumir la defensa de su gobierno en toda este tema
Ha hecho falta que lo diga quien encabeza la mayoría parlamentaria de oposición, Keiko Fujimori. Esta vez el gobierno haría bien en detenerse y escuchar. PPK sabía que este fantasma lo alcanzaría un día. Si no, no hubiera salido del país dejando a otro ministro a firmar el decreto supremo que exoneró a la Interoceánica del SNIP. En 2006, al final del gobierno de Toledo (del que era premier), PPK tenía conocimiento de que su jefe, el entonces mandatario, empujaba de manera impúdica un esquema de aprobación apresurada para ese proyecto de la corrupta empresa brasileña que ya había satelizado a media docena de gobiernos latinoamericanos, incluido el suyo.
Cuando se firmó el decreto, PPK estaba fuera del país. En su lugar firmó un ministro incauto, encargado provisionalmente de la cartera. PPK hizo lo posible para zafarse del tema; pero no renunció, como lo hizo Luis Carranza —entonces viceministro de Economía—, en desacuerdo con esa exoneración. Debido a la renuncia de Carranza, PPK no puede decir hoy que desconocía entonces la gravedad de ese acto de corrupción. No pudo eludir, en cambio, poner su firma al lado de la de Toledo en la promulgación de la ley que levantó, el 25 de enero de 2006, la prohibición que impedía a Odebrecht participar en licitaciones por tener juicios con el Estado peruano. El entonces premier no podrá alegar que no sabía lo que esa ley traía bajo el brazo.
Han pasado diez años de esos hechos, que nunca desaparecieron. Se quedaron atorados en una alcantarilla hoy colapsada y vomitando una miasma pestilente en la cara del Presidente de la República. PPK no ignoraba que un día esto ocurriría. Pero tenía un alibí, una excusa plausible con la que se puso a buen recaudo. Sus actos no fueron delitos, fueron pecados políticos.
No será procesado judicialmente sino, en todo caso, hasta el final de su período de gobierno. Lo que sea de su suerte personal después de eso, sin embargo, no es relevante para el país. Lo grave es que desde hoy mismo el Presidente de la República estará atado al pasado, no podrá evitar desfilar por las fiscalías y las comisiones investigadoras del Congreso a dar su testimonio de los hechos. Un testimonio que será minuciosamente contrastado también por la prensa, con las versiones de los investigados y testigos presenciales de ellos. Y eso sí va a tener consecuencias en el futuro inmediato del Perú.
Es por eso que el presidente Kuczynski tiene que salir del estado de coma en que se halla y cortar hoy por lo sano, asumir solo la defensa de su gobierno en toda esta materia y liberar así a su gabinete —ya sea el que preside Fernando Zavala u otro— de toda contagio con este asunto. Y una vez limpio de todo vínculo, ese grupo humano podrá dedicarse íntegramente a gobernar, sin que las investigaciones estorben sus decisiones. El sacrificio personal del ex premier es necesario para que el presidente Kuczynski pueda hoy representar a la nación con la cabeza en alto, como corresponde a un mandatario.
Cae de suyo, por lo tanto, que el gobierno no necesitará recurrir a rescindir los contratos con las empresas, lo que generaría derechos en favor de ellas. Debe declararlos nulos e incautar los activos de estas empresas en el país. Esos fueron actos jurídicos inválidos y no pueden surtir efectos legales. Son nulos por hallarse viciados en su origen por la corrupción que, más adelante, será probada en las investigaciones y a la que fue llevado el Estado peruano por quienes entonces firmaron en su nombre.
Y cae por su peso igualmente la necesidad de poner fin de inmediato a todo intento de esas empresas de disfrazarse detrás de otra denominaciones, o de canjear información o dinero a cambio de que se les permita seguir operando en el país. “Una persona jurídica no puede ser un colaborador eficaz”, ha dicho hoy con toda claridad la cabeza de la mayoría parlamentaria de oposición. Que el gobierno escuche.
Esta es una decisión política, la única que puede rescatar a este gobierno en el futuro del contagio de la corrupción. No importa el costo que pueda tener el año que tome volver a licitar el gasoducto que el país necesita, es preferible eso a seguir adelante con un proyecto contaminado para terminar licitando de nuevo más adelante. Y además con el gobierno incurriendo en nuevas responsabilidades penales. Se trata de una decisión política, y no importa el costo que pueda tener para el crecimiento de la economía.
Por Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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