El comandante Humala y sus instituciones

Fracaso del gobierno para instaurar el estado de derecho

¿Cómo recordaremos el gobierno del comandante Ollanta Humala cuando entregue el cargo a quien le suceda? Así, en nuestro país, para obtener lo que se quiere poco importa la razón y la ley. Los contratos, el estado de derecho, las instituciones y la propia ley parece que no existen. La mejor manera de obtener lo que se desee pasa por tomar carreteras, quemar llantas, generar terror o desorden.   

En ese sentido, la decisión de Pro-Transporte de anular definitivamente la ruta alimentadora 255 del corredor Javier Prado-La Molina-Faucett demuestra la debilidad institucional a la que nos enfrentamos de forma cotidiana. Durante dos días, transportistas y vecinos de Manchay bloquearon el acceso a la urbanización, quemaron llantas y se enfrentaron en batalla campal a policías. ¿El saldo? 30 heridos.

Así, la Municipalidad de Lima capituló ante la violencia de un grupo de ciudadanos con intereses particulares. Por un lado están los intereses de los transportistas cuyas rutas se veían suspendidas por la implementación de la reforma del transporte. Por el otro, los intereses de los vecinos de Manchay quienes son afectados directamente por el aumento en el costo del transporte. Si antes pagaban S/.0.50 por tramos cortos, ahora con la implementación de la ruta alimentadora el pasaje subiría a S/.1.20

¿Se consideró en el diseño y evaluación de la reforma del transporte el aumento de los pasajes para los vecinos más pobres? ¿Acaso se pensó en implementar subsidios temporales y escalonados que ayudarían a que la población aceptara la reforma del transporte? ¿Fueron los vecinos debidamente informados? Fíjese que no.

La presidenta de Pro-Transporte Roxana Rocha reconoció tardíamente y una vez vencida que la referida institución no había informado a los vecinos los alcances de la reforma. Estamos seguros que nadie en Pro-Trasporte asumirá responsabilidad alguna. Todos seguirán sentados en sus oficinas cobrando su sueldo. Ese sueldo que le pagamos todos los peruanos con nuestros impuestos. Es que como ya sabemos, en el Perú no existe rendición de cuentas.

Aquí ningún funcionario público asume responsabilidad -ya sea administrativa o políticamente- por sus actos ni por los costos que le generan al Estado o a las empresas privadas que dan servicios y ganan licitaciones y concesiones amparados en el supuesto Estado de Derecho.

La policía -dice la representante de Pro-Transportes- tiene indicios de que serían los transportistas quienes organizaron la violenta protesta. La policía detuvo a 9 personas que cuando usted termine de leer  ya estarán en libertad sin denuncia, sin proceso y sin responsabilidad.  

A inicios del gobierno del presidente Humala fue Conga. Le siguió Tía María. Dos proyectos de envergadura que fueron paralizados porque grupos radicales se levantaron y obligaron a las comunidades a rechazar a la minería moderna. Estos grupos recurren a la violencia, destruyen y paralizan regiones del país. Sin embargo, ¿sabe cuál fue el rol del gobierno central en aquellos conflictos? Abandonó a las comunidades.

El Estado debe estar presente en las provincias y distritos del país informado de forma correcta y certera los beneficios de las reformas, las concesiones y privatizaciones. La presencia del Estado en cada uno de los municipios del país es una necesidad, una obligación del gobierno y un derecho del poblador.

¿Qué me dice comandante?