El canon aduanero en Lima y Callao

La ciudad de Lima es una de las más perjudicadas con el enfoque normativo de la descentralización que se aprobó el año 2002. No solo porque el diseño institucional terminó por agudizar el desorden legal en el tratamiento de las jurisdicciones de Lima y Callao, que ya existía desde décadas anteriores, sino también porque agudizó el desfinanciamiento del gobierno metropolitano.

La capital del Perú tiene, comparativamente con otras capitales sudamericanas —Buenos Aires, Bogotá, Quito, Montevideo y Santiago de Chile— el presupuesto más bajo. Mientras que las ciudades anteriores tienen un presupuesto en dólares de US$ 3,800, US$ 804.5, US$428.8, US$ 333.3 y US$25.6 por cada ciudadano, respectivamente, la ciudad de Lima tiene un presupuesto per cápita de US$ $1.2. La ciudad de Quito, que tiene la tercera parte de la población de Lima, tiene en promedio un presupuesto a anual para inversiones del orden de US$ 1,125 millones, mientras que la capital peruana alcanza solo a un presupuesto promedio de US$ 388 millones.

Una gran injusticia en el tratamiento de las transferencias del Tesoro Público para con Lima Metropolitana es el que se refiere al Canon Aduanero, que normativamente se denomina “Participación en la renta de aduanas” y que está fijado en las leyes 27613 y 28321. Mientras que en los índices de distribución del 2% que establecen ambas leyes para 15 regiones, todas las áreas céntricas de las ciudades capital de esas regiones reciben ingresos por aquel canon, en el caso de Lima Metropolitana ello no ocurre. Así lo establece el inciso 5.2 del artículo 2 de la segunda ley mencionada, prohibiendo taxativamente que la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana y el Gobierno Regional de Lima Provincias se beneficien del Canon Aduanero. Téngase en cuenta, además, que el Callao recibe el 80% del total de los ingresos por renta aduanera a nivel nacional.

Esta asimetría en la distribución de las transferencias hace que por cada S/ 7 que recibe el Callao, Lima Metropolitana obtenga solo un sol. Esta tendencia se ha visto agudizada por los altos ingresos obtenidos tanto en el puerto del Callao como en el Aeropuerto Jorge Chávez. Por las diversas arterias de la capital circulan miles de camiones diariamente que terminan en el puerto del Callao, generando un alto desgaste de las vías, contaminación, contribución a la congestión vehicular, gastos en semáforos y administrativos, etc., pero la Municipalidad Metropolitana no recibe ningún sol para generar una reposición por el desgaste de la infraestructura vial. La jurisdicción metropolitana está a pocas cuadras del Aeropuerto Internacional; sin embargo, aquello no le hace merecedora de ningún tipo de ingresos por concepto de renta de aduana.

Sería injusto pretender que el Gobierno Metropolitano le quite parte de esos ingresos al Callao, pero si la capital de la República genera el 49% del total de ingresos por concepto de las diversas categorías de Impuesto a la Renta es lógico que tenga un trato justo. Por lo menos si se considera que la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene un régimen especial, según la propia constitución y las leyes de descentralización. Y ninguna ley genera un régimen especial para una entidad, cuando en realidad se le crean recursos por debajo de aquellas jurisdicciones que no tienen esta condición.

Las cifras son realmente patéticas y demuestran este injusto tratamiento que, por lo visto, no conmueve a los 36 parlamentarios que cada cinco años elegimos los limeños. ¿Saben ellos que, durante los últimos 10 años, según las propias cifras de la SUNAT, el Callao, que tiene una jurisdicción de 147 Km2 recibió S/ 446 por cada habitante, mientras que Lima Metropolitana, que tiene una extensión de 2,672 Km2, solo recibió S/ 1.70 por habitante? ¡Es increíble! Pero los parlamentarios de Lima ni siquiera saben de esta injusta distribución de las transferencias.

Por cierto, la realidad seria otra si Lima y Callao tuvieran un solo gobierno regional de la ciudad, a manera de una macro región metropolitana, como lo aconseja un elemental criterio de gestión gubernamental. Sin embargo, nadie se atreve en el Congreso a realizar una propuesta integral para corregir este injusto tratamiento.

Lo óptimo, por la gran demanda de infraestructura que requiere Lima Metropolitana —al ser una ciudad de tránsito de ciudadanos del interior del país y del extranjero, así como del transporte particular, de carga y de carácter público— es que se modifiquen las normas legales sobre la distribución de aquel 2% de los ingresos por renta de aduanas. Y que se establezca un porcentaje adicional para la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero sin perjudicar al Callao.