El anti cinco de abril

¿Son similares las circunstancias actuales y las que precedieron el 5 de abril de 1992?               

Algunos se empeñan en hallar similitudes entre el 5 de abril de 1992 y hoy. He preferido dejar pasar unos días para que termine ese desfleme. En mi opinión, tales semejanzas son solo apariencias. En lo sustancial, ambas situaciones no son solo distintas sino opuestas. Los dos escenarios son el uno la imagen refleja del otro.

He aquí por qué. En julio de 1990, la oposición en el Congreso le negó al presidente durante un año entero facultades para legislar cuando el país luchaba en su hora más difícil contra el terrorismo, que amenazaba con tomar el poder, y contra la hiperinflación, que destruía la economía.

Cuando por fin el gobierno pudo contar con las facultades, recién en julio de 1991, emitió 117 decretos legislativos que cambiaban completamente la legislación antisubversiva y la geografía de nuestra economía. La oposición derogó más de 30 de esos decretos  y, no contenta con eso, trató de subordinar al Ejecutivo aprobando la llamada Ley de Control Parlamentario de los actos del Presidente de la República. Observada por el presidente, la oposición en el Congreso insistió y promulgó esa ley a principios de 1992. Dos meses ocurriría el 5 de abril.

Hoy, la situación es la opuesta. Hay dificultades, pero ninguna emergencia extrema. Y ciertamente nadie quiere sacar al presidente de la República. Todos quieren mantenerlo en el cargo un año más -a veces parece que a pesar suyo- y que luego se vaya. Hoy, es el presidente quien, contra el interés del país (y el suyo propio), trata de ponerle a la oposición una trampa que precipite la disolución del Congreso.

La oposición no va a caer en esa trampa. Probablemente no le negará la confianza al Gabinete de aquí a un mes. Y aun en el supuesto de que lo hiciera, y el presidente a continuación lo disolviera, el decreto de disolución tendría como base legal una interpretación errada de la Constitución (que haría pasar por censura al Consejo de Ministros lo que fue una censura solo a su presidenta). Eso originaría más adelante una acusación constitucional contra quienes firmasen tal decreto. El Presidente y su primer ministro serían procesados por cerrar el Congreso violando la Constitución. Es decir, por dar un golpe de Estado.

Como se ve, la diferencia con el 5 de abril de hace 23 años atrás es que, esta vez, la oposición tiene no solo la razón sino también el poder para hacerla valer.

Por Jorge Morelli (@jorgemorelli1)
08 - Abr - 2015