Ecoteva, otro escándalo judicial

Pese a abundantes indicios de corrupción, justicia no investiga el caso

La cascada de denuncias que brota de las presuntas agendas de Nadine Heredia ha relegado a un segundo plano al caso Ecoteva, que involucra al ex presidente Alejandro Toledo. La cascada ha cubierto así otro escándalo judicial mayúsculo: pese a los abundantes indicios de presuntos delitos, han pasado 20 meses desde que el caso se hizo público y hasta ahora los jueces NO investigan nada.

Hace unos días se informó que dos jueces que han visto el expediente se niegan a asumir el caso. El titular del 16° Juzgado Penal, Abel Concha, se inhibió de hacerlo porque el abogado de Josef Maiman lo acusó de estar parcializado, por lo que el legajo fue derivado al Juzgado Penal 55, del magistrado Omar Ahomed, quien lo devolvió alegando que el motivo de la inhibición es insuficiente. Pero Concha insiste en inhibirse por lo que ahora una Sala Superior Penal decidirá cuál de los jueces resolverá la acusación.

El caso Ecoteva empezó a investigarse en el Ministerio Público en enero del 2013 y recién el 19 de julio pasado la fiscal Manuela Villar acusó a Toledo del presunto delito de lavado de activos, por los gastos millonarios hechos con fondos de la empresa Ecoteva en beneficio de los esposos Toledo-Karp y de la suegra del ex jefe de estado. Ecoteva fue creada por Toledo, en Costa Rica, en enero del 2012, según lo han confirmado las autoridades costarricenses.

El magistrado que conozca en definitiva el expediente tendrá que resolver si le abre instrucción judicial a Toledo y los demás acusados o deniega la acusación y archiva el caso.

¿Cómo explicar la actitud evasiva de los jueces y la demora excesiva de un proceso con tantos indicios de actos delictivos? Al parecer ciertos grupos con poder en el sistema de justicia estarían presionando a fiscales y jueces para evitar que Toledo sea investigado. Aquí surge una pregunta obvia: ¿tanto poder tendría Toledo nueve años después de haber dejado la presidencia de la república?

La respuesta parece estar en su condición de “garante” del actual gobierno y en algunos hechos que se remontan al año 2001, cuando el Toledo empoderó a las ONG de izquierda para que intervengan en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Aquel gobierno promovió un acuerdo entre las ONG y las instituciones de justicia que autorizó a las primeras a “capacitar” a un grupo numeroso de fiscales y jueces en cómo debían procesar los casos de derechos humanos. Las ONG aliadas de Toledo tejieron así una red de magistrados que 14 años después han ascendido a puestos altos en la Judicatura.

Tales hechos explican por qué hoy los jueces tratan el caso Ecoteva como una papa caliente que les quema las manos y quieren librarse de ella. Al parecer temen que si abren instrucción sufrirán represalias, y que si archivan el caso serían censurados por la opinión pública y denunciados por prevaricato. Lo mejor es zafarse.

En una democracia sólida, con un sistema de justicia independiente, no hay posibilidad de que alguien pueda librarse del brazo de la ley con influencias, pero nuestra realidad es diferente: hay poderes fácticos que manipulan la justicia. Esto es lo que los organismos internacionales llaman la “debilidad institucional” que alimenta la impunidad, el combustible de la corrupción en el Perú.

Si usted se pregunta por qué hay tanta delincuencia hoy en el país, la respuesta es simple: porque los delincuentes de baja estofa saben bien que el crimen no paga o paga muy poco porque la justicia se compra y se vende, unos con favores políticos, otros con dinero. ¿Ecoteva será un ejemplo más de esta realidad?

Por: Víctor Robles Sosa