Ecoteva: Doble escándalo

¿El Congreso y el Ministerio Público encubren presuntos delitos?

La guerra declarada a la corrupción en los gobiernos regionales y municipales había reanimado nuestra confianza en que el Perú tiene una reserva moral; sin embargo, este renovado ánimo se ha caído de nuevo por los suelos al ver la manera en que el Congreso de la República y el Ministerio Público vienen manejando el caso Ecoteva, que levanta sospechas sobre un afán de  encubrimiento.

Por sexto mes consecutivo, la presidencia del Legislativo, a cargo del Partido Nacionalista, se negó la semana pasada a poner en agenda el informe de la comisión que investigó el caso Ecoteva, postergando el debate y la eventual aprobación del dictamen que recomienda que la justicia investigue a Alejandro Toledo y su esposa, Elian Karp, como presuntos responsables de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Según dicho informe, hay abundantes indicios que comprometen a la ex pareja presidencial en la comisión de ilícitos penales.

De manera casi simultánea el juez Abel Concha Calla le devolvió a la fiscal Elizabeth Parco la acusación del caso, pidiéndole que vuelva a hacerla de manera correcta y precisa. Parco excluyó de su acusación a los esposos Toledo-Karp y responsabilizó solo a Eva Ferneburg, quien, por su avanzada edad y su ciudadanía israelí no podría ser juzgada en el Perú.

Aunque parezca mentira, la acusación de Parco no está debidamente motivada,  tampoco precisa la fuente del delito que denuncia, ni los hechos que deberían investigarse, ni el monto de dinero materia de la demanda. El dictamen parece hecho adrede para que el juez no pueda abrir instrucción.

Es así como el Congreso de la República y el Ministerio Público se han colocado en el centro del escándalo al mostrar un comportamiento encubridor en el caso Ecoteva. El primero para mantener una mayoría parlamentaria absoluta (Partido Nacionalista - Perú Posible) y el segundo obedeciendo al parecer a la tantas veces denunciada presencia de operadores políticos toledistas en la justicia.

Pero hay otros que, con su ausencia calculada y silenciosa, también dan impunidad. Son las ONG y “colectivos” campeones en hacer “plantones” y “vigilias” contra sus “enemigos” políticos, que se callan hoy ante la corrupción zurda en Cajamarca, en Tumbes y en la Municipalidad de Lima. Ellos “lapidaron” a un ex alcalde chalaco porque autorizó el cobro de un peaje, y se esconden ahora que Susana Villarán autoriza cobros dudosos en todos los peajes.

Qué distinto se mide la corrupción: Los presidentes regionales son detenidos y procesados por apropiarse supuestamente de decenas de miles de soles, mientras que Alejandro Toledo, acusado de haberse enriquecido ilegalmente con millones de dólares, vive libre, feliz en el extranjero,  sintiéndose blindado por su gobierno y sus aliados, en la Fiscalía y en el Congreso.

Tal diferencia daña a la democracia porque debilita la confianza ciudadana en las instituciones. El mensaje implícito en dicho trato es: mano dura con la corrupción provinciana e impunidad para la de alto vuelo,  o también:  “para mis aliados, todo; para los demás, la ley”.

El Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, tiene ahora la oportunidad de probar su independencia reemplazando a Parco por un fiscal probo. En cambio en el Congreso es difícil que las cosas cambien, pues si la bancada nacionalista le da luz verde al informe Ecoteva, la de Perú Posible le respondería aprobando el informe sobre Alexis Humala y su viaje a Rusia. ¿Como se llama ésto?

Por Víctor Robles Sosa