¿Dónde están los policías?

Solo un tercio de los efectivos policiales sale a trabajar a las calles

La respuesta a dos preguntas sobre la situación crítica de nuestra Policía puede mostrarnos la naturaleza de la reforma que se debe realizar, según las encuestas de opinión y las estadísticas oficiales: ¿cómo se explica que siendo abismalmente menor la cantidad de efectivos del serenazgo municipal, en relación a los de la Policía, la ciudadanía perciba que es el primero el que realiza mayor patrullaje en las calles?, ¿por qué razón, del total de policías en actividad, un tercio realiza actividades administrativas, otro tercio realiza actividades especializadas y solo un tercio se dedica a labores reales de seguridad en las calles?

Hay tres respuestas que obedecen a una causa común estructural. La primera de ellas es la militarización de la jerarquía policial y el alejamiento de la comunidad, lo cual ha convertido a la Policía en una institución burocrática, con altos niveles de corrupción y modos de comportamiento similares a los de la policía privada. El origen comunitario que tuvo desde sus inicios, con la llamada Guardia Civil, desapareció poco a poco, y ahora se ha convertido en un segmento totalmente divorciado de la sociedad, con una nomenclatura institucional de 16 grados, y en la que 110,000 policías existen 86 generales. Es decir, por cada 1,300 policías hay un general y por cada 55 policías hay un comandante. Algo totalmente insólito.

La segunda respuesta la debemos encontrar en el hecho que la policía realiza excesivas tareas y procesos burocráticos, por lo que la mayoría de sus efectivos permanecen en las comisarías y, que como consecuencia de ello, los altos mandos igualmente terminan en tareas burocráticas. Hay una tradición por la cual cuando un joven ingresa a la carrera policial la primera aspiración que tiene es ocuparse de un cargo burocrático en una comisaria o en sedes institucionales de la más alta jerarquía. Y es a partir de esa tradición que se desarrolla también una vertiente de corrupción.  

La tercera respuesta tiene que ver con un diseño institucional obsoleto en relación con las municipalidades, los alcaldes y gobernadores regionales. En un escenario de guerra contra la delincuencia, y en el que casi todas las ciudades que ya tienen rango metropolitano —como Arequipa, Trujillo, Cusco, Chiclayo, Huancayo; además de Lima, que ya es una megalópolis—, los alcaldes cargan sobre sus hombros la responsabilidad de liderar estrategias de seguridad ciudadana. Se requiere que el alcalde tenga mando directo y efectivo frente a un comisario o frente al responsable policial de una provincia o región. Es absurdo que la ley reduzca la relación entre el alcalde y el correspondiente mando policial a una mera “coordinación”. Por ello, el comisario puede decidir no cumplircon las directivas que establece el alcalde o el Comité de Seguridad Ciudadana.

Lo anterior explica por qué en la percepción de mayoría de la población el serenazgo realiza más actividad de patrullaje y tiene más presencia en las comunidades que las comisarias. El problema radica en el hecho que el alcalde, al estar sometido al escrutinio de la población frente a la inseguridad, se ve obligado a disponer cotidianamente que sus serenos estén en el campo, desarrollando cada vez más inversión en cámaras de video vigilancia y centros de monitoreo. En cambio, el comisario o el jefe policial de más alto rango no tiene ese imperativo. Al formar parte de una estructura policial burocrática, si quiere cumple o no su labor y no está obligado por ley a obedecer al alcalde. Por último, su ascenso no depende del alcalde, del concejo municipal o a la opinión vecinal, pero si del grado de subordinación y lealtad hacia sus superiores.

En consecuencia, no solo se requiere una reforma para volver a poner la pirámide policial en su lugar —con menos generales, menos rangos, más policías en el patrullaje callejero y menos actividades burocráticas—, sino que, hasta un determinado nivel, tanto el alcalde distrital, el provincial o el gobernador regional deben tener mando efectivo sobre los comisarios y jefes policiales. Los graves problemas de inseguridad no deben reducir esa relación a una mera coordinación, lo cual muchas veces es un acto pusilánime, de permanente negociación o tensión, entre la autoridad edil y la jefatura policial.

Neptalí Carpio