Disolución sin elección

Posible escenario en la eventualidad de que Humala disolviera el Congreso.

Se quiere atribuir única y exclusivamente al congresista Freddy Otárola la mención a la atribución constitucional del presidente Ollanta Humala de cerrar el Congreso, en caso que éste le niegue la confianza al Gabinete Cateriano. No es así. Las declaraciones de Otárola fueron el epílogo de otras anteriores que incluyeron a los congresistas Santiago Gastañadui, Ana Jara y diversos ministros, incluyendo al actual presidente del Consejo de Ministros.

Conociendo la trayectoria de los nombrados es imposible pensar que hubieran mencionado el cierre del Congreso sin la luz verde respectiva. Y también es razonable pensar que el hecho ha sido por lo menos tratado en el más alto nivel del gobierno. La razón salta a la vista. Es obvio que existe una gran preocupación en el presidente Ollanta Humala por la seguidilla de denuncias e investigaciones en marcha que cada vez lo comprometen más a él y a su esposa. Inclusive, sólo en las últimas horas, una vez más se han denunciado extraños negocios que han beneficiado a miembros de la familia Humala, con los que esta pareciera querer recuperar posiciones en cuanto a los favoritismos denunciados en favor de los Heredia, familia de la esposa del presidente.

En ese sentido no hay que ser tan ingenuos. Corresponde hacer los señalamientos por adelantado para que de esa manera los hechos, cuando sorprendan, no adquieran el carácter de definitivos. El sólo hablar de disolución del Parlamento y que la idea nazca en el seno del gobierno, incorpora tal ruido político que afecta las inversiones, algo que no podrá ser solucionado por ninguna delegación de facultades en el ámbito económico.

Es cierto que el gobierno tiene derecho a solicitar facultades. Y también es cierto que el Congreso tiene derecho de no claudicar de sus responsabilidades y denegarlas. En este momento el país se mueve en la ambigüedad y las dudas promovidas tanto por el presidente Humala como por su Presidente del Consejo de Ministros. A este último, en ese sentido, nada le costaba decir que pediría facultades al Parlamento y no haría de ello una cuestión de confianza. Con sus generalidades, ha dejado todo en el limbo.

Esta situación de desafío, inmadura e irresponsable, por sí sola es más perniciosa para la recuperación de la economía que cualquier acción radical de la oposición. Y, como es fácil interpretar, no será solucionada con ningún tipo de delegación de facultades. Haría un gran daño a la democracia el Congreso si se las entrega a un gobierno que ya ha recibido antes cinco delegaciones y ninguna ha sido aprovechada correctamente. Una cuestión de incapacidad dirían algunos.

Hay quienes señalan, pensando linealmente, que Humala no cerraría el Congreso pues las nuevas elecciones no lo favorecerían. A ellos les diría ¿Quién dice que de todas maneras habría elecciones? Con los miembros de su promoción militar repartidos por todo el país y con una UNASUR condescendiente y cómplice, las elecciones parlamentarias serían la última acción que tomaría un gobierno acorralado por denuncias de corrupción.

Por Juan Sheput

05 - May 2015