DINI y temporada de incendios

Detección de riesgos y amenazas es la función de la DINI

En los últimos meses se ha producido una inusual secuencia de incendios. Algunos con lamentables resultados fatales, como los de Larcomar y Cantagallo; y otros con la “oportuna” desaparición de documentos oficiales, como el de la FAP a fines del “nadinato” o los recientes del Minsa y el Minedu (apestosa coincidencia). Parece que a las cuatro estaciones naturales, la ciudad de Lima tendrá que añadir una quinta: la temporada de incendios, cada vez que se acaba o inicia un gobierno.

En el caso de Larcomar, se produjeron tres fenómenos dignos de Macondo:

1.    Una caótica sucesión de contradictorias versiones oficiales, entre las que destaca la de un oficial policial que afirmó tajantemente —y en la misma frase— que recién se están investigando las causas del incendio, pero que ya estaba seguro de que no fue provocado (plop)

2.    El reparto acelerado de culpas a que es aficionado un vasto sector de la prensa

3.    El Inaceptable oportunismo de un funcionario municipal que, con lenguaje estatista y evidente aversión a la actividad empresarial, intentó jalar agua para su molino y defender costos y barreras para acceder a la formalidad. Soslayó (espero que por por ignorancia y no por mala fe) que tanto Defensa Civil como los municipios pueden perfectamente inspeccionar, sancionar y hasta clausurar negocios si detectan faltas graves, sin que para ello sea necesario cobrar tasas ni paralizar innecesariamente el inicio o continuidad de sus operaciones.

Dejo a mis colegas abogados especializados en derecho penal, derecho administrativo o responsabilidad civil extracontractual la discusión respecto a la responsabilidad legal en cada caso, para abocarme a un problema transversal a todos ellos. ¿Qué hubiese pasado si el incendio de Larcomar se producía el viernes o sábado, con Obama alojado en el Marriott (por no mencionar la inmensa afluencia turística que tiene desde el mediodía)? ¿Chau reunión de APEC?

Algo continúa fallando en la capacidad de prevención y planeamiento de escenarios del aparato estatal. Los conflictos sociales siguen estallando a escasos centímetros de la narices de un gobierno que debió, por lo menos, ser advertido oportunamente de su gestación. Los riesgos, como el de Larcomar, son fácilmente detectados en una inspección previa de especialistas en seguridad, obligatoria cuando va a producirse la visita de jefes de Estado. El riesgo de incendio de archivos de un gobierno que se va o se fue es algo que también debe preverse, salvo que falte capacidad o sobre intención. En democracia, la detección de riesgos y amenazas, el estudio permanentemente actualizado y el planeamiento de escenarios alternativos constituyen la razón de ser de los sistemas de inteligencia de un país.

Cierto es que, por esa nefasta combinación de manifiesta admiración de Humala por el dictador Juan Velasco (curioso es que de la corrupción de esos años nadie hable), su discípulo aumentado Hugo Chávez y la oscura influencia de Vladimiro Montesinos (su jefe cuando era capitán), esta administración heredó un sistema volcado al espionaje político y la fabricación artificial de operativos para birlar fondos, entre otras malas artes. Pero incluso tras la inexplicable demora en reemplazar la cabeza de la DINI es lógico, desde la óptica gubernamental, demandar capacidad de anticipación a los hechos.

Para narrar lo que pasó y ensayar explicaciones, están los medios y la academia. Para anticipar escenarios, riesgos y amenazas, está (o debe estar) el Sistema Nacional de Inteligencia.

Dardo López-Dolz