Descifrando la política pública

La meta es mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos

Luego de leer la entrevista que realiza Enrique Chávez en la revista Caretas al presidente de la República, me quedo con una frase que resume la practicidad de su pensamiento y la claridad del motivo de su lucha para ser presidente: “El peruano que va en su combi al trabajo… lo que quiere es no pasar tantas horas de camino al trabajo y ganar mejor sueldo y mejores servicios públicos”.

Todos coincidimos en que la política pública debe lograr que cualquier peruano tenga mejores condiciones de vida, y que estas sean sostenibles a largo plazo; pero hay urgencia de que esa meta se concrete. Para ello, está claro que el gobierno le ha puesto el pie en el acelerador a la inversión pública y a promover la privada, únicos canales para dinamizar la economía y generar empleo de calidad.

Sin embargo, hay tres factores críticos que resulta fundamental tener en claro. El primero, es que la burocracia, es decir el conjunto de miles de servidores públicos que hoy trabajan en el Estado, no comparte necesariamente la prioridad del gobierno. Por lo tanto, los principales funcionarios designados por el Ejecutivo tienen la responsabilidad técnica y política de hacer que cada uno de sus equipos camine de forma eficiente, con indicadores de calidad y eficacia conocidos. Todo para lograr las metas sectoriales que se requieren para que el ciudadano sienta que en verdad la calidad de los servicios públicos mejora, y que su sueldo se incrementa por una mayor productividad.

El segundo es que resulta evidente que los conflictos sociales que estamos viviendo hoy reflejan una presencia mucho más fuerte de grupos radicales que se han instalado en los sectores en los que existe mayor insatisfacción con lo que ellos denominan “un modelo económico que no les permite avanzar”. Y aquí resulta clave no solo atender con urgencia las demandas, sino también responder como Estado protegiendo a los grupos vulnerables e infiltrando, al mismo tiempo, operadores políticos que refuten los discursos de grupos proterroristas y que los denuncien para que sean encarcelados. No podemos darle ni un solo milímetro de espacio a grupos radicales que solo buscan aprovechar la falta de articulación del Estado, entendido como Ejecutivo y gobiernos regionales, para atender de manera eficaz y contundente las carencias de la población.

El tercero es que resulta clave la articulación del sector privado con los objetivos del Estado. Los últimos acontecimientos sobre corrupción y denuncias de lobbies han ensombrecido la relación que debe existir de manera transparente —para el ciudadano— entre el empresariado (grande, mediano y pequeño) y el Estado. Si la meta es, por ejemplo, “agua para todos” —y yo le añadiría universalización al mejor costo del acceso a educación y salud—, es obvio que los funcionarios de los ministerios deberían sentarse con los empresarios de los respectivos sectores para identificar la manera más eficiente de lograr tales objetivos. Y esto debería ser de conocimiento de la población.

Los que hemos hecho algo de gestión pública sabemos perfectamente que lograr un objetivo de política pública requiere plantear la meta expresamente, hacerle seguimiento permanente y dialogar con los actores —población y empresarios— respecto a los avances y los compromisos que cada uno debe asumir y cumplir. No es fácil, pero cada logro es una meta indispensable para el desarrollo.
 

Giovanna Prialé Reyes

Fotografía: Cusco en Portada