Desborde contra desborde

Urge poner límites a la entrega de certificados de posesión

El Perú ya no será el mismo después de los desastres ocurridos por la acción de la naturaleza. No solo por el gran impacto negativo sobre la infraestructura de 11 regiones, unas 89 provincias y cerca de 700 distritos, sino también en la manera cómo se construirán las ciudades, cómo se tratarán los ríos y cuencas, y el enfoque de los proyectos de desarrollo. De hecho, vamos a asistir a un replanteamiento de varios temas, entre ellos el nefasto papel del populismo sobre la ocupación del suelo de la ciudad. Los desastres están cuestionando frontalmente un modelo de desarrollo. Es como si el desborde de los ríos hubiera interpelado en todas sus facetas al otro desborde, el de la recurrente informalidad.

Otro tema, no menos importante, es el hecho de que la propiedad urbana y rural tendrá en gran medida que ser reconstruida. Cientos de miles de propietarios o posesionarios informales han visto afectada su capacidad instalada y la inversión realizada durante muchos años, además los linderos de las propiedades se han borrado o han quedado difusos por el desborde de los ríos, las lluvias y los huaicos. Eso explica por qué una de las medidas más importantes que ha dado el gobierno es la urgente necesidad de realizar un Catastro de Daños a cargo de COFOPRI. Ironías de nuestro precario desarrollo institucional y ausencia de ordenamiento territorial. Ninguna ciudad del Perú tiene un catastro y un sistema de gestión para mantenerlo; pero en tres meses tendremos que tener un catastro de daños, sobre un total aproximado de 165,000 damnificados.

Se abre así un amplio abanico de opciones sobre las cuales el Gobierno nacional y el Congreso tendrán que tomar una firme decisión. El desastre se ha encargado de poner en evidencia que hay muchas poblaciones que deben ser reubicadas de las fajas marginales de los ríos, de las canteras y quebradas. Ha quedado demostrada la urgencia de anular o poner límites a la indiscriminada entrega de certificados de posesión por parte de las municipalidades, competencia que los traficantes de terrenos o empresas inmobiliarias informales han mal utilizado, contribuyendo a que miles de pobladores obtengan “derechos expectaticios de propiedad” en lugares de alto riesgo, tal como se ha puesto en evidencia en estas semanas.

Y lo que es más importante, se requiere que las ciudades y el campo cuenten con cuatro herramientas fundamentales de desarrollo: un sistema único de formalización de la propiedad y registro, el catastro urbano y rural, los planes urbanos de las ciudades y el plan de ordenamiento territorial. El desastre ocurrido, contrariamente a lo que el común de la gente suele decir, no tiene como origen el accionar de la naturaleza, sino la manera como en el Perú ha ocupado el suelo de la ciudad y el campo. Se ha puesto en evidencia, de manera dramática, el cortoplacismo y el populismo en la gestión de las ciudades. Es obvio que la manera vulgar y simplona como el alcalde de la ciudad de Lima aborda la emergencia, refuerza la idea de que requerimos construir un nuevo liderazgo para gestionar las ciudades.

Los ríos y lluvias han vuelto, como lo han hecho tantas veces en la historia. Pero ahora la percepción del desastre oculta el hecho de que al encontrarse con una inmensa obra urbana improvisada, informal y en gran parte sobre su caudal histórico, se produce una gran sensación de desgracia. En realidad mucha de esta destrucción pudo evitarse si nuestras ciudades estuvieran mejor planificadas o si la infraestructura de puentes y carreteras se hubiera realizado sobre un hábitat cíclicamente accidentado. Prueba de ello es que aquella infraestructura bien hecha y con previsión permanece en pie sin ningún problema. Los puentes Balta y Trujillo en Lima, y otras valiosas construcciones en el interior del país, que datan incluso de hace varios siglos atrás, demuestran que si se realizan obra bien hechas sí resisten a la furia de la naturaleza.

Los resultados del Catastro de Daños, que el Decreto de Urgencia N° 004-2017 ha ordenado realizar a COFOPRI, puede en el menor tiempo posible darnos luz sobre los reales desafíos que tenemos que afrontar en la próxima década. Ese podrá ser un excelente instrumento de gestión, no solo para atender inmediatamente a los sectores damnificados más vulnerables, sino que además nos puede dar luces sobre cuántas aristas debemos modificar en nuestra manera de gobernar la ciudad. De no ser así, de aquí a unos diez años, o quizá menos, la historia se volverá a repetir, pero con mayores costos por la irresponsabilidad de los gobernantes.
 

Neptalí Carpio