DESARROLLO, ¿PERO A QUÉ COSTO?

Polémico contrato de concesión del Aeropuerto de Chinchero

El presidente Kuczynski, recién elegido, prometió destrabar las inversiones paralizadas, que él consideraba lo estaban por la inacción del Estado. Según sostuvo, eran cerca de US$ 15,000 millones en proyectos listos y que era necesario sacar adelante. En ese momento se le recomendó dejar de lado a los amigos lobistas y asesores con intereses personalísimos, pues de ellos ya habíamos tenido suficiente.

Uno de los proyectos que el gobierno está decidido a sacar adelante es el del Aeropuerto de Chinchero. Hace unos días, el consejo directivo del Ositran aprobó por mayoría, 2 a 1, el proyecto de Adenda al Contrato de Concesión. La presidenta de Ositran, Patricia Benavente, votó en contra al considerar que la adenda va en detrimento del Estado, y que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) habría ido contra la opinión del ente regulador. Para ella, el informe del MTC, que sustenta la adenda, carece de los fundamentos técnicos, económicos, financieros y legales requeridos.

Todo indica que existe un primer informe que habría sido reemplazado por un otro informe que, en lugar de discutir si la adenda corresponde legalmente a la concesión otorgada, se apoya en los beneficios que el desarrollo del proyecto traería al departamento de Cusco. Pero, ¿qué es lo que la adenda significa?

El contrato original establecía que el concesionario, Kuntur Wasi, era responsable por el financiamiento de 71.4% del presupuesto total, mientras que el Estado Peruano se comprometía a financiar el 29.6% restante. Con la modificación al contrato, y por arte de magia, el concesionario solo sería responsable por el financiamiento del 19.3% del presupuesto total, y el Estado peruano pasa a ser responsable del 80.7%. Claramente, los términos de la concesión varían considerablemente y estaríamos frente a un contrato distinto del original, para beneficios exclusivo del concesionario. Luego de que la controversia se hiciera pública, Patricia Benavente presentó su renuncia a Ositran, junto con las del gerente general y el gerente legal.

Jorge Luis Guasch, ex jefe de la Unidad de Expertos Globales en APP del Banco Mundial, sostuvo en una columna (EL Comercio, 17.01.17) que la corrupción de Odebrecht no debería sorprendernos ya que “el contexto en el cual las asociaciones público-privadas (APP) se han desarrollado (en el Perú y otros países) propiciaba las oportunidades para prácticas corruptas”. Dentro de los problemas identificados por Guasch está el hecho de que los proyectos de APP eran aprobados sin tener estudios rigurosos, lo que luego justificaba la necesidad de adendas.

Un segundo problema es que las adendas son negociadas entre el gobierno y el concesionario, sin mayor transparencia ni pautas referenciales. Solo un 3% de las APP en el mundo ha sido cancelado al no lograr llegar a un acuerdo para suscribir una adenda. Con esta perspectiva, los concesionarios buscan renegociar los contratos para obtener rentas bastante mayores a las originalmente pactadas. En el Perú, alrededor del 80% de las APP se ha renegociado. 

Es cierto que el país necesita destrabar la enorme cantidad de proyectos paralizados por la inacción del gobierno anterior. Pero la pregunta que deberíamos hacernos, sobre todo aquellos que hoy son funcionarios públicos es ¿a qué costo? No dudo que el Ejecutivo tenga las mejores intenciones de echar a andar la economía y generar más puestos de trabajo, para seguir reduciendo la pobreza. Pero queda claro que detrás de esto hay un lobby bastante grande que va a enriquecer a varias personas, en detrimento del Estado.

Si el contrato, tal como fue firmado, dejó de ser viable por responsabilidad del concesionario, por la caída de su calificación financiera, ¿por qué el Estado tiene que asumir los costos? ¿Es acaso Kuntur Wasi el único capaz de sacar adelante el Aeropuerto de Chinchero? ¿Qué sentido tiene una APP en la que el Estado asume el 80% del riesgo? Este parece ser un ejemplo de lo que la izquierda llama la privatización del Estado.

Por María Cecilia Villegas