Democracias de baja gobernabilidad

Sobre las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo en el continente

La situación política en Venezuela y Argentina se parece como una gota de agua a otra, pero a la inversa. Mientras en Buenos Aires la oposición ganó el gobierno pero no la mayoría parlamentaria, en Caracas la oposición tiene la mayoría parlamentaria, pero no el gobierno.

En ambos casos, la desesperada situación económica reclama a gritos decisiones urgentes. En ambos casos, las decisiones se postergan porque la gobernabilidad no existe a causa del conflicto de poderes. En eso consisten las democracias de baja gobernabilidad.  

En ambos casos, el árbitro del conflicto de poderes es un tercero, el poder Judicial. En ambos casos, la batalla política es por el nombramiento de los jueces del máximo tribunal de Justicia, lo que permitiría prevalecer bien sea al Legislativo o al Ejecutivo.

Una descarada maniobra en Caracas ha logrado que el Tribunal Supremo de Justicia controlado por el gobierno chavista admita la impugnación de tres diputados de oposición. La oposición ignoró la impugnación y juramentó a los tres diputados. El chavista Tribunal Supremo, acto seguido, falló declarando nulas todas las decisiones del Legislativo mientras continúen allí los tres parlamentarios impugnados. Claramente, se trata de un golpe de Estado instrumentado por el gobierno desde el poder Judicial bajo su control.

Esos parlamentarios son el fiel de la balanza. Conservarlos permite a la oposición cambiar a los miembros del Tribunal Supremo. Perderlos significa que el chavismo mantiene el control del poder Judicial. La oposición ha convocado a sesión del Legislativo hoy, miércoles.

En Buenos Aires, mientras tanto, ocurre lo mismo, pero a la inversa. Acudiendo a una dudosa fórmula constitucional, el Presidente ha designado a dos miembros de la Corte Suprema, de los cuales depende que el kirchnerismo pierda el control del poder Judicial. El Presidente, acto seguido, es denunciado por “abuso de autoridad” desde que el procedimiento regular es que el nombramiento de los jueces supremos debe ser aprobado por dos tercios del Senado. Nuevamente conflicto de poderes, gobernabilidad cero. 

En el Perú, los jueces supremos no son nombrados por el Ejecutivo con aprobación del Legislativo ni a la inversa (como en todas las democracias del Continente sin excepción). Menos aún por el poder Judicial. Jueces y fiscales supremos y todos los demás magistrados de la justicia en el Perú son nombrados, ratificados y destituidos, por un cuarto comensal en la mesa: el Consejo Nacional de la Magistratura, un órgano corporativo integrado en su mayoría por miembros de la “sociedad civil” y solo en una minoría por representantes del Estado peruano.

Tanto la de Venezuela como la de Argentina y el Perú son democracias de baja gobernabilidad, donde se cree erradamente que la democracia consiste en la autonomía o independencia de poderes del Estado. Lo que importa, sin embargo, no es eso sino el equilibrio de poderes (que los americanos llaman checks and balances) entre Ejecutivo y Legislativo.

Si ese equilibrio no existe o está mal resuelto, todo conflicto entre Legislativo y Ejecutivo recurrirá al control político del poder Judicial, que será entonces politizado y corrompido. Y lo mismo ocurrirá con un cuarto organismo, como el CNM, creado supuestamente para despolitizar la justicia.

La solución está en rediseñar el equilibrio de poderes de manera que los conflictos potenciales entre los poderes políticos puedan procesarse y resolverse en el ámbito político sin involucrar el arbitraje innecesario e indebido de la justicia.

En Latinoamérica en general y entre nosotros, sin embargo, no ha comenzado aun el debate en serio sobre cómo dejar de ser una democracia de baja gobernabilidad. 

Por: Jorge Morelli