Delincuencia e impunidad

El Ejecutivo y el Congreso parecen incapaces de enfrentar y resolver la inseguridad

El debate en la interpelación al ministro del Interior, Daniel Urresti, nos ha dejado la sensación de que nuestra clase dirigente no comprende que la delincuencia está creciendo de una manera alarmantes porque la ineficiencia y corrupción socavan y debilitan en extremo las instituciones encargadas de prevenir y reprimir el delito. En Londres, The Economist acaba de advertir que la debilidad institucional y la corrupción son los principales factores que le impiden al Perú llegar a ser una potencia económica regional y global, pero nuestros líderes no se dan cuenta.

Lo más lamentable de la interpelación es que no hubo propuestas para resolver el problema. El debate se centró en el protagonismo personal de Urresti, como si la política fuese farándula y como si fuese poco que la delincuencia esté minando la economía y la institucionalidad.

El Congreso perdió una buena oportunidad para discutir a fondo el problema que más siente al país. No se trata solo de cuestionar la gestión de Urresti -por más cuestionable que sea- sino de hallar soluciones. El Ejecutivo tiene la primera responsabilidad, pero la oposición también está obligada a aportar salidas. La gravedad de la situación lo exige: Según la policía, de enero a septiembre hubo 972 homicidios, lo que equivale a 3.6 asesinatos cada día (uno perpetrado por sicarios). Y de enero a agosto hubo en Lima 835 asaltos, es decir tres cada día. En el interior la situación es igual o peor: en Zarumilla se registraron hasta octubre 21 asesinatos, y en Trujillo y Chimbote se extienden cada día más la extorsión de empresarios.

No hay un estudio que cuantifique el impacto negativo de la delincuencia en la economía, pero se sabe que los más afectados son las pequeñas y medianas empresas y la construcción. Unas diez Pymes cierran sus puertas cada día por no poder pagar extorsiones, y el precio de las viviendas se ha incrementado en promedio 20% por el mismo motivo.

¿Cuál ha sido la respuesta del estado? Solo acciones destinadas a crear en la gente la percepción de que las autoridades se preocupan, pero ninguna política ni estrategia efectivas que ataquen la raíz del problema: la corrupción desde el estado, que le vende impunidad a los criminales y les envía el mensaje que esperan: el crimen paga poco o no paga.

Todos saben que en la policía, las fiscalías, los juzgados y cárceles se vende impunidad, y que por eso es urgente reformar desde la raíz esas instituciones, pero nadie se atreve a tocar ese statu quo infame que viene de muchos años atrás. En cada elección los políticos prometen a liquidarlo, pero cuando ganan acaban conviviendo con él.

El problema se ha agravado en el actual quinquenio con el crecimiento del crimen organizado y su penetración en la política y el estado. Las mafias de la droga, el oro y la tala ilegales promueven hoy congresistas y autoridades regionales para blanquear sus actividades. Si la sociedad aún puede defenderse es gracias a la prensa y a algunos policías, jueces y fiscales valientes que no podrían actuar si no viviéramos en libertad y democracia.

Las únicas certezas que nos dejó la interpelación ha sido que Urresti no sabe qué hacer con el problema y que el gobierno ha renunciado a desmontar el sistema de impunidad. Solo nos queda esperar que el próximo gobierno asuma con coraje el desafío pendiente. Mientras tanto, tenemos que cuidarnos nosotros mismos.

Por Víctor Robles Sosa

(28 - oct - 2014)