De justicia y moralizadores

Nuestros políticos aprovechan la situación para pintarse de blanco

Es el momento de los paladines de la justicia. Las recientes revelaciones que involucran al ex presidente Alejandro Toledo, en base a la declaración de un colaborador eficaz, con la supuesta transferencia de US$ 20 millones a las cuentas de Maiman, han agitado el mar esta última semana. Y como dice el dicho, a mar revuelto ganancia de pescadores; aparecieron “los viejos conocidos” del ex presidente a deslindar rápidamente y a exigirle se entregue a la justicia y que “de ser ciertas las acusaciones, que se pudra en la cárcel”.

Es costumbre de nuestros políticos tirar la piedra y esconder la mano, y aprovechar sus minutos ante cámaras para pintarse de blanco. Pero quizás una de las pocas excepciones sea David Waisman. Aún me acuerdo de su posición crítica en el 2013, acusando a Yosef Maiman de haber utilizado a Eva Fernenbug, suegra de Toledo, como testaferra para la compra de inmuebles a través de Ecoteva Consulting Group. Todo ello tras denunciar maltratos por parte de Toledo cuando fue su ministro de Defensa. Lo raro es que habiendo sido tan cercano al ex presidente, y estar al tanto de las transferencias irregulares de Ecoteva, Waisman no sabía acerca del origen del dinero utilizado para la primera campaña presidencial de Toledo.

Tras un caso de corrupción que involucra a ex presidentes y funcionarios públicos los moralizadores, más allá de recurrir a la prensa como medio de exposición, deben presentarse ante el Ministerio Público a declarar, en caso de que conozcan detalles de los hechos materia de investigación. Los más obligados a hacerlo son aquellos que, como Fernando Olivera, han sido señalados de presionar a la Contraloría para que no obstaculice la licitación de la Interoceánica a favor de Odebrecht. ¿Dónde está el pedido del Fiscal para que declaren Olivera y el contralor?

La justicia peruana se ha tornado mediática en estos casos de corrupción. La filtración de información de la Fiscalía a la prensa no contribuye a la eficiencia ni a la transparencia en las investigaciones, pues pone en alerta a los potenciales inculpados, hace peligrar esta etapa reservada de la investigación. Las medidas cautelares pierden su efectividad sin el requisito necesario de la sorpresa. Ahora bien, la labor de la Fiscalía debe ir más allá de las delaciones y apuntar a la incautación y cruce de la información de los documentos financieros y los movimientos de cuentas. Sin una base sólida el juez no podrá ordenar medidas restrictivas de la libertad. Y el tiempo cuenta, cuenta mucho, más por el peligro de prescripción que por los pocos años de pena privativa de la libertad que pesan sobre los delitos de corrupción.

Los excesivos aspavientos no permiten ver el impacto de la corrupción como un mal endémico que corroe la moral de los funcionarios, debilita la administración pública e impide que las políticas de Estado tengan por principal finalidad el respeto a los derechos humanos y la dignidad humana. La distorsión de la democracia comienza con un statu quo débil, que permite como protagonistas a pseudodefensores, comprometidos solo con su futuro político y no con la verdad. Y es que en política es difícil distinguir un escenario de justicia de uno de venganza.