De ética y corrupción

78% de peruanos aceptan convivir con la corrupción

Los últimos hechos sucedidos con el ex ministro de Defensa, sobre el nombramiento de su novia en el puesto de asesora principal de su despacho, y el caso de las irregulares compras de computadoras en el Ministerio de Educación ponen sobre el tapete la importancia de la función pública ética e incorruptible. Uno de los principales problemas, producto de las conductas antiéticas, es la corrupción que, en sus diversas manifestaciones, evidencia la ausencia de políticas de fortalecimiento institucional y de valores morales en los funcionarios y servidores públicos, quienes pueden tener las mejores competencias académicas y profesionales sin que eso sea una garantía de probidad y honestidad. De esto tenemos muchos ejemplos en los diferentes gobiernos y niveles de toma de decisiones.

Desde el año 2007 el Perú es materia de diversos estudios para medir su nivel de corrupción. Citemos dos recientes. El primero es el Índice de Percepción de Corrupción del año 2015, realizado por Transparencia Internacional, en el cual Perú ocupa el puesto 88 de 168 países en el mundo; casi a la par con Brasil (que ocupa el puesto 76), y con Paraguay (130) y Venezuela (158) como los países latinoamericanos con más alta percepción de un débil Estado de Derecho y ausencia de seguridad jurídica. El segundo es la VIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción del año 2013, que revela que un 58% de 1202 entrevistados opina que la corrupción de funcionarios y autoridades es la principal problemática que impide el desarrollo del país.

Sin embargo, pocos estudios están dirigidos a evaluar el perfil ético de los funcionarios o la eficiencia de los mecanismos legales que permitan una sanción efectiva y pronta a los que faltan a su deber ético. Por ejemplo, el caso del ex ministro renunciante de la cartera de Defensa configura una infracción a la Ley N°27815, de Código de Ética, que prohíbe mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto pudieran estar en conflicto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros con el cumplimiento de sus deberes y funciones. Sin embargo, todo se solucionó con la separación del cargo; quedándole aún la función de parlamentario andino, la cual logró por elección popular y será pagada con el dinero de todos los peruanos, a pesar de su falta ética y funcional.

En el caso del Ministerio de Educación, los gastos en consultorías y publicidad, y las compras irregulares por más de S/. 146 millones denunciadas por la Fiscalía de Lavados de Activos merecen una investigación rápida a fin de determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes a los funcionarios involucrados. Pero las penas efectivas solo alcanzan a los funcionarios o servidores públicos directamente autores de la ejecución inmediata del hecho, mientras que los funcionarios que ocupan un cargo de confianza de primer nivel o de representación política son sometidos a sanciones políticas. Sin embargo, muchas veces se les exonera de la responsabilidad porque son oportunamente blindados por su inmediato superior o por el mismo sistema tolerante y generador de impunidad.

Más allá de los mecanismos anticorrupción existentes, es necesario también llevar a cabo una verdadera reforma judicial que garantice procesos judiciales sumarios y efectivos, que envíe un mensaje claro de cero tolerancia a la corrupción y que contribuya a reducir ese 78% de ciudadanos que aceptan convivir con la corrupción.

Finalmente, el presidente de la República es consciente de la máxima constitucional de que todos los funcionarios públicos están al servicio de la nación y son responsables por su ejercicio funcional. Por tanto, hacer las veces de abogado defensor de sus ministros, como lo ha hecho en Chile en alusión al pedido de interpelación ae Jaime Saavedra por el Congreso de la República, solo da pie a posiciones enfrentadas, y genera inestabilidad política y desconfianza.

Elizabeth Zea Marquina