Cuatro mentiras mataron el debate

 

El tema que abordo en la presente entrega tiene como principal fundamento la defensa que hemos realizado del movimiento cooperativo en nuestro país, que se sustenta en los miles de peruanos emergentes y pujantes que bajo un esquema de socios buscan el bienestar general mediante la solidaridad, y no un fin eminentemente lucrativo. El título escogido se relaciona con una conocida cumbia que relata el sufrimiento de una joven ante cuatro mentiras que le originaron una profunda decepción.

Al ritmo de Corazón Serrano, agrupación que llevó a la fama este tema, quisiera enumerar las cuatro mentiras que se han dicho respecto al proyecto de Reforma Constitucional que he presentado con relación a las cooperativas.

1.- Una mentira mató mi alegría: “El proyecto de Ley de Úrsula Letona posterga la supervisión de la SBS sobre las cooperativas”.

Falso. El proyecto de mi autoría no es incompatible con la propuesta planteada por la SBS o la del congresista García Belaunde. Lo que proponemos es que la supervisión, fiscalización, promoción y regulación de todas las entidades solidarias (asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales, etc.) la haga una entidad independiente y especializada en forma integral, una entidad que podría asumir posteriormente las labores de supervisión que serían iniciadas por la SBS con ocasión de la ley que, luego de superarse las observaciones que hemos planteado, debe aprobarse de forma inmediata.

Mi propuesta, al requerir de una reforma constitucional, debe aprobarse en doble legislatura (no más tarde de fines del 2019), luego de lo cual debe emitirse la norma de desarrollo constitucional que delimite los alcances y funciones. En tanto esta reforma se tramite y vea la luz, el Congreso, reiteramos, deberá debatir y aprobar una ley que asegure la supervisión efectiva e inmediata de las cooperativas de ahorro y crédito.

2.- Con dos mentiras se fue mi ilusión: “La SBS es la única entidad especializada para supervisar a todas las cooperativas. Fuerza Popular se opone a esa supervisión a través del proyecto de Ursula Letona”.

Falso. El dictamen que se discutió el jueves pasado, en el pleno, no tiene nada que ver con la tramitación de mi proyecto. Ese dictamen solo se refiere al 26% del total de las cooperativas de ahorro y crédito (en adelante, CAC).

Los congresistas más críticos señalan que solo la SBS puede regular y controlar las CAC para evitar que haya “lavado de dinero a través de estas”. Pero ignoran que la corrupción, que hoy amenaza el desarrollo del movimiento cooperativo en el país, luego puede irrumpir en las otras modalidad de entidades solidarias. Por ello la nueva entidad que se cree deberá revisar los avances y logros que pueda obtener la SBS en esta etapa —en la que estará encargada de la supervisión—, que seguramente serán perfeccionados sin desnaturalizar la esencia del acto cooperativo.

La solución presentada por la Comisión de Economía es parcial, pues nada impedirá que el problema del lavado, y otras formas de origen ilícito de los recursos, se trasladen, como lo hemos señalado, a otras modalidades de entidades solidarias.

La lógica de la regulación de las cooperativas debe respetar sus principios fundamentales, que han sido reconocidos por las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, pues no tienen fines de lucro, sino que buscan el desarrollo solidario de sus socios. Las exigencias regulatorias a las cooperativas respecto, por ejemplo, los Bancos, no pueden contemplar el mismo tratamiento, pues tienen naturaleza distinta. La regulación no puede terminar asfixiando a las cooperativas, como —por ejemplo— imponiendo requisitos inalcanzables. Si no miremos la experiencia de las microfinancieras, casi todas, en cuanto a “monto de cartera” han sido compradas por los bancos. 

Nuestro país tiene un nivel de bancarización que no supera el 35% de los recursos que manejan las personas. Las verdaderas cooperativas son de gran valía para el acceso al financiamiento de las pymes y personas que no pueden acceder al sistema bancario. En tal escenario, las cooperativas se constituyen en grandes aliados para revertir la informalidad y desarrollar la bancarización. Para evitar el lavado del dinero es necesaria la supervisión de estas entidades; y para ello se requiere de una entidad ad hoc, experiencia que se ha traído de otros países. Esto no es inventar la pólvora, pues existe amplia práctica en otros países, tanto de la región como en los países desarrollados.

3.- Con tres mentiras se ahogó la esperanza: “El dictamen de la Comisión de Economía garantiza una supervisión efectiva e inmediata de las cooperativas”.

Falso. Nada más alejado de la realidad y la verdad. La observación más trascendente que se hace al dictamen de la Comisión de Economía es que de su lectura explícita se desprende que la supervisión efectiva y directa de la SBS sobre las CAC se posterga hasta el 2025. Durante el periodo 2019-2025 la supervisión de las CAC se encarga o se delega —no sabemos cómo operará, pues los dos conceptos obran en el dictamen— en favor de un tercero que, por ejemplo, podría ser la Fenacrep, que justamente agrupa a un sector de las CAC y que, además. es una persona jurídica de derecho privado, cuya contratación se pretende exonerar del sistema de contratación estatal que rige a nuestro país. 

Requerimos supervisión inmediata y efectiva de la SBS, no de un tercero, para que justamente sea esta entidad la que rinda cuentas sobre el desarrollo de las cooperativas o, en su defecto, asuma responsabilidades por el deterioro del movimiento cooperativo en el caso de que se pretenda equiparar la regulación y supervisión a la que se tiene implementada para los bancos. No queremos una supervisión postergada ni indirecta respecto del origen de los recursos que se manejan en las cooperativas. Esta es la observación principal que hemos planteado.

Otra de las varias observaciones es que el dictamen dispone una remisión abierta para todo el mecanismo sancionador. Esto es inconstitucional, pues la potestad sancionadora debe emanar de la propia ley, para evitar la discrecionalidad de la autoridad. La ley debe contemplar los parámetros generales para el ejercicio de la facultada sancionadora. De no ser corregido este aspecto, podría derivar en que se discuta, inmediatamente después de aprobada la ley, su inconstitucionalidad y se frustre la supervisión de las cooperativas. 

Para que la gente que nos lee tenga idea concreta sobre este punto, como ejemplo hipotético y extremo imaginemos una ley que crea a la Policía Nacional para la Seguridad Interna, y se dice en su ley de creación que la propia policía establecerá todo el marco sancionador para cumplir su función. La policía expide la norma y establece que puede detener a la gente que transita y que la policía se puede introducir en cualquier domicilio, todo ello para cumplir su función. Para evitar esta discrecionalidad, la ley debe contemplar que el domicilio es inviolable y que no puede haber detención arbitraria. Estos aspectos generales de resguardo de los derechos en materia de sanciones están reservados a la ley, hacerlo de otra manera es inconstitucional. Ese es el caso del dictamen planteado por la Comisión de Economía, y cae en este grave problema que hace casi inaplicable la ley.

4.- Cuatro mentiras mataron mi amor: “Letona tiene un conflicto de intereses: las cooperativas financiaron su campaña, tiene un crédito en una CAC y un asesor suyo es gestor de cooperativas”.

Falso. Creo firmemente que Se debe discutir con ideas, no pretendiendo descalificar a las personas porque se carece de argumentos para rebatir las observaciones que esta plantea. Sin embargo, es importante aclarar que no he recibido financiamiento de una cooperativa ni de socios cooperativistas a mi campaña electoral. Con estos argumentos de quienes defienden el dictamen de la Comisión de Economía, no se genera un debate en torno a los temas observados. Accedí a un crédito cuando ya ostentaba el cargo de congresista (igual que varios congresistas), de una CAC que registra un convenio con el Congreso de la República que data de varios años. Otra falsedad: el señor Vásquez no es mi asesor, no trabaja conmigo, ni en mi despacho, ni en la Comisión que presido actualmente. No tuvo nada que ver con la elaboración de mi proyecto. Mis proyectos, sus contenidos y sus ideas son míos; no delego ni encargo mi función legislativa. este proyecto lo he trabajado ya siendo miembro de la Comisión de Constitución.

Parece que, desde la otra orilla, ante la falta de argumentos que eleven la calidad del debate y la discusión, se recurre a la descalificación de las personas. Sin embargo, invocan a los grandes polemistas de nuestra política del pasado; incluso se reclama un Senado con tal propósito. ¡Qué falta de consistencia! Debe hacerse política, pero con altura, y no basándose en la descalificación personal.