Cuando lo jurisdiccional desplaza a lo político

De modo imperceptible, tras la caída del gabinete Zavala, hemos ingresado a un inédito período donde el quehacer político aparece sobre-determinado por las cuestiones judiciales. La facilidad con que Mercedes Araos alcanzó la confianza parlamentaria no fue -como se creyó en ese momento- el advenimiento de una etapa de sosiego, ni un paréntesis en nuestra turbulenta vida política. Como tuvimos oportunidad de señalarlo anteriormente, estábamos asistiendo a un significativo giro en la escena pública: el deslizamiento de la controversia propiamente política entre poderes del Estado, hacia un teatro de operaciones distinto. Dicho proscenio ha estado marcado por crecientes imputaciones penales, que incluso ha recaído directamente en la persona del Presidente de la República.

           En este nuevo escenario, la contradicción Ejecutivo y Congreso, más concretamente, entre el oficialismo y el fujimorismo, en torno a las políticas gubernamentales (educación, transporte, seguridad ciudadana, etc) se ha atenuado hasta casi desaparecer. En su lugar, el tema de la corrupción ha llenado la coyuntura política, poniendo por delante las preocupaciones jurídico-penales sobre los enjuiciamientos a las diversas políticas públicas.

           En este terreno, Fuerza Popular ha perdido el monopolio de las iniciativas, a pesar que conduce la comisión del caso Lava Jato. Las últimas revelaciones que evidencian las vinculaciones del Presidente con la mafia brasileña provienen de las investigaciones de diarios como El Comercio, organismos no gubernamentales como el IDL, denuncias del congresista izquierdista Manuel Dammert, de la ex procuradora Katherine Ampuero y, recientemente, de la congresista independiente Jenny Vilcatoma, quien ha llegado a solicitar la renuncia del primer mandatario.

           En dicho contexto, la acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación interpuesta por el representante Daniel Salaverry –independiente de las motivaciones que pudieran rondar por su cabeza– ha sido el gatillo para abrir la caja de Pandora que escondían las indagaciones del Ministerio Público. Probablemente, la reciente conversión de Jorge Barata en colaborador eficaz, para el caso de la Transoceánica y la detención preventiva de los capitostes peruanos implicados en él, darán más luces sobre la ruta corruptora que concluyó con la coima de 20 millones de dólares, a favor de Alejandro Toledo.

           A nuestro juicio, aquí está el meollo de la cuestión. Si tenemos la convicción que el ex presidente no pudo actuar en solitario, resulta obvio que contó con una pléyade de cómplices. Los primeros, los Ministros de Estado, responsables de los actos del Presidente, según el Art. 128º de la Constitución Política. Y por cierto, todos los funcionarios, asesores, abogados y técnicos, que pusieron sus conocimientos especializados para la formulación de los contratos leoninos, sus correspondientes adendas y los tristemente célebres arbitrajes.

           El problema radica en que muchos, demasiados, colaboradores con el gobierno de Toledo, fungen hoy de altos funcionarios del gobierno actual. El más notable, Pedro Pablo Kuczynski, ex Ministro de Economía, ex Primer Ministro y ex Jefe de PROINVERSIÓN, el organismo que le dio luz verde a Odebrecht, a pesar de tener litigios judiciales con el Estado Peruano. Por la información que se cuenta, se sabe que la relación del actual Presidente de la República con los consorcios dominados por las corruptas firmas brasileñas, viene de antaño. En esa medida, las declaraciones escritas donde afirma: “que no ha tenido relación alguna” son manifiestamente falsas.

           La negativa del Presidente a declarar ante la Comisión del Parlamento abona en contra de su inocencia, a la par que incrementa las sospechas sobre su culpabilidad. Máxime cuando la inmunidad constitucional está estrictamente referida a “los delitos que se cometan en el ejercicio de sus funciones”, como reza el Art. 99º, precisado por el Art 117º, de la Carta Fundamental. Si esto es así, no estaría protegido frente a ilícitos penales cometidos con anterioridad o aquellos absolutamente ajenos con las funciones a su cargo.

           El curso de los procesos jurisdiccionales, que corresponde a fiscales y jueces, tiene aún muchas cosas que decirnos. Pero independientemente de esta  transitoria hegemonía de lo jurídico sobre lo político, existen algunas interrogantes políticas que los actores no pueden soslayar. ¿Cuál debiera ser la conducta de estos últimos frente a nuevas y más contundentes revelaciones que comprometen al Presidente en el fraude de la Transoceánica?

           ¿Ponerse a la cabeza de las denuncias e investigaciones como han venido haciendo algunos congresistas? O, por el contrario, ¿estimar que la defensa de la gobernabilidad, la estabilidad económica nacional y la paz social, deben primar sobre la evidencias criminales? En consecuencia, sería lícito construir toda suerte de artilugios para esconder o postergar la eventual responsabilidad del ciudadano Kuczynski, justamente por ser Presidente de la República.

           Pero ¿sería sostenible una gobernabilidad que se precie de legítima y en serio, si los medios probatorios fueran cada vez más contundentes e incriminatorios contra el Presidente en ejercicio? ¿El país lo soportaría? ¿Es posible una democracia vulnerada en sus fundamentos éticos más elementales?