Cuando el corruptor es un organismo multilateral

Hay una forma de corrupción de funcionarios a la que no se suele prestar atención, a pesar de que concurren todos los elementos del cohecho como tipo penal. Describo el modus operandi: Sepulcros blanqueados se cobijan bajo el manto purificador de organismos multilaterales previamente copados por sus operadores, oficinas dependientes de ellas o algunas ONG con nombres beatíficos que sugieren cínicamente transparencia, democracia, ecología, seguridad ciudadana, justicia, igualdad o derechos (de algunos) humanos.

En realidad estas organizaciones son herramientas de propaganda, penetración y control al servicio de la intervención de gordas billeteras foráneas en materias que solo nos competen a los peruanos. Se suelen autodenominar pomposamente “sociedad civil” para justificar que las billeteras que los apadrinan se antepongan a la voluntad popular expresada en el voto ciudadano. Voto que, pese a sus imperfecciones, les es generalmente esquivo (Venezuela, Bolivia y Nicaragua son dolorosas excepciones).

Para alcanzar sus fines, tientan y corrompen reiteradamente a funcionarios, para el cumplimiento de los objetivos del corruptor. Utilizando luego a los infectados para hacerse del control institucional, desplazando a los funcionarios que osan resistírseles. El funcionario delinque pensando que no lo hace por el pomposo apellido multilateral del corruptor. Lo hace aplicando la ley motivado por la dádiva, favor o promesa de ella (cohecho pasivo impropio) o negándose a hacer lo que la ley le obliga (cohecho pasivo propio), como en el caso mencionado en mi artículo del martes pasado.

Las dádivas o promesas toman muchas formas, según las aspiraciones del funcionario. Van desde un viaje a una conferencia o seminario, en un lugar atractivo (al que difícilmente podría el funcionario acceder), hasta un puesto futuro en la organización corruptora o uno de sus satélites. O la donación de fondos para constituir una ONG dedicada a los fines del corruptor. En el camino hay condecoraciones y premios, postgrados, maestrías y doctorados en universidades cómplices (locales o del extranjero), previamente cooptadas. Grados que a menudo carecen de rigor académico, pero son apreciados para prosperar.

Perfeccionando la herramienta con que el estafador o el violador seducen a la futura víctima, los intereses de la billetera foránea se disfrazan de “objetivos” sectoriales, usualmente acompañados de alguna fecha futura y apalancados por estadísticas de barro, convenientemente elaboradas por sus cómplicesm a los que ellos mismos les han otorgado “credibilidad y respetabilidad”.

El funcionario, por incauto o por ambicioso, retrasará deliberadamente la promulgación de reglamentos que permitan aplicar una ley o partes de ella, creará nuevas barreras burocráticas para dificultar una actividad lícita por la que el corruptor no siente simpatía, demorará unos trámites y facilitará otros, denegará licencias (permisos o autorizaciones) pese a que cumplan lo dispuesto por la ley, o “facilitará” otras que se ajustan a los deseos del corruptor transnacional de apellido notable. Algunas veces, allanándose por completo a la invasión de la soberanía patria, hasta cederá espacio al corruptor para una oficina de “control” dentro de su propia sede institucional.

El corruptor sabe que, en la mayoría de los casos, su víctima se aburrirá y desistirá u optará por la informalidad (con lo que, al no constar en la estadística, aparenta cumplir los “objetivos” que le solicita el ente corruptor). También conoce los costos y plazos de la defensa jurídica, y apuesta a que (salvo que el ciudadano sea un abogado, corajudo, con tiempo y billetera) acabará abandonando el impulso procesal en la vía administrativa, civil o penal, confiando en que aún si es condenado, eso ocurrirá después del plazo en el que espera recibir la dádiva ofrecida. Y por cálculo de costo beneficio, violará la ley.

Ojalá los aires de renovación que parecen soplar en el Ministerio Público desvele, de una buena vez y de modo efectivo, el cohecho de las multinacionales, las universidades y las ONG, que tanto daño hacen a la justicia, al imperio de la ley y a nuestra democracia.