Corrupción: ¿responsabilidad solo de las élites?

Un problema que atraviesa todas las instituciones, partidos políticos y la sociedad

En las propuestas del economista Hernando de Soto siempre me llamó la atención la extrema subestimación de la cultura y la incidencia de esta en el funcionamiento de las instituciones. Ahora, a propósito del escándalo continental de corrupción desatado por el caso Lava Jato y Odebrecht, de Soto ha vuelto a la carga con una idea fundamental: según él, la causa fundamental de este fenómeno perverso radica es el sistema legal excluyente, manejado por una élite que utiliza la ley y los contratos ilegales para beneficio propio. Y en esta fundamentación, el economista cree que no hay una causa cultural interiorizada en nuestras sociedades latinoamericanas.

El error de partida radica en contraponer ambas cosas, cuando en realidad están íntimamente ligadas. Tan cierto es que el origen de la corrupción sistémica del Estado peruano radica en un sistema legal de contrataciones indebidas y coimas, con altos costos para el fisco, como el hecho de que la tradición de impunidad, de la tolerancia del dolo público y del aprovechamiento indebido es parte de nuestra cultura política, la cual heredamos desde el Virreinato. En una República donde la corrupción es tan antigua, anterior a su propia creación, es imposible pretender que no forme parte de una cultura que atraviesa todas las instituciones del Estado, de los partidos políticos y la propia sociedad.

Tampoco es cierto que la corrupción sea solo una responsabilidad de las élites. Es un fenómeno social que se desarrolla en la pirámide más alta del Estado, pero tiene diversos ámbitos de socialización y extensión hacia abajo. Es el caso de las municipalidades, verdaderas escuelas de la corrupción; de las UGEL, donde campea el tráfico de notas y las irregularidades de menor cuantía; de los juzgados, fiscalías y comisarías, espacios convertidos en pequeños mercados de resoluciones, partes policiales o atestados, de acuerdo al mejor postor; en el sistema de salud y otras esferas del Estado. Con el paso del tiempo la corrupción se ha vuelto transversal e intergeneracional en todos los estratos sociales. Uno de sus efectos es la alta tolerancia a ella por parte de la población. De ahí proviene la complaciente frase popular que se ha posicionado con fuerza en el inconsciente colectivo del ciudadano, “no importa que una autoridad robe, lo importante es que haga obras”. Si eso no se considera parte de la cultura, entonces Hernando de Soto no ha entendido nada de la corrupción como un fenómeno esencialmente sociológico.

En su momento, el historiador Jorge Basadre también exploró las raíces de la corrupción, estableciendo una relación íntimamente ligada a la cultura del sultanismo en nuestra República, según un concepto weberiano. La sobonería, la cultura de la franela y el culto a la personalidad, tan arraigados en vastos sectores populares, resultan funcionales en todos los ámbitos del Estado y la sociedad como paso previo a la prebenda y la corrupción. Para Basadre, el sultanismo es “un sistema estatal que carece de contenido racional y desarrolla en extremo la esfera del arbitrio libre y de gracia del jefe” (Sultanismo, corrupción y dependencia en el Perú republicano).

Por eso es que el comportamiento de la empresa Odebrecht resulta en realidad un gran espejo donde cientos de empresas privadas se ven representadas, porque realizan las mismas prácticas corruptas; solo que en una dimensión nacional, regional y local, de mediana o menor cuantía. De otra manera, no se podría explicar que —según la Contraloría General de la República— en el Perú haya cerca de 70,000 funcionarios procesados por corrupción, y que el 15% del total del Presupuesto Anual se pierde por casos de corrupción.

Lo que no entiende Hernando de Soto es que en el Perú existen diferentes categorías y niveles de corrupción, como parte de un fenómeno sistémico. El caso Lava Jato pertenece a la gran corrupción con lazos internacionales, paraísos fiscales y apoyo de altos líderes políticos y estudios de abogados. También existe la mediana corrupción, que compromete a los gobiernos regionales y esferas sectoriales ministeriales del Estado; y la corrupción de menor cuantía, que incorpora a las esferas más bajas del aparato estatal y hasta a la propia población.

Frente a esta situación, pretender que la cultura esté ausente de un fenómeno que en el Perú es reiterativo y recurrente, desde inicios de la República, es como afirmar que nuestra economía de mercado no está influenciada por el mercantilismo, otra negativa tradición económica que surgió junto a nuestro incipiente capitalismo a inicios del siglo pasado y que perdura hasta nuestros días.