Corrupción: costos y efectos invisibles

Para eliminarla se necesita una reforma del aparato estatal

Coincido con quienes, más allá de los detalles y la condena sobre el “caso Moreno”, han advertido —pese a la reacción oportuna, a mi juicio, del jefe de Gabinete y los ministros involucrados— una evidente ausencia de filtros, por parte del Gobierno, sobre los antecedentes (bastante) recientes del gastroenterólogo de parte del Gobierno. Si bien Google e Internet no necesariamente son una fuente fidedigna para todos los casos, en este en particular si marcaba pistas y pautas más que evidentes sobre el pasado del médico, que pasará a la historia como el personaje central del primer caso de corrupción (deseamos que sea el último, pero estaríamos pecando de ingenuos) del actual régimen.

Independientemente de los ajustes que de inmediato tendrá que hacer el Gobierno, paradójicamente para “curarse en salud” ante futuros casos similares, no deja de ser preocupante la extendida percepción en el Perú de que la corrupción es tan grande como el nivel de tolerancia hacia ella. Acaso es un fenómeno frente al que nuestra clase política, y nosotros como sociedad, hemos arriado las banderas de una pronta y tácita rendición. ¿Es así?. ¿Lo vivido en la década de los noventa no fue una vacuna suficientemente fuerte?

Mucho se comenta sobre los costos asociados a la corrupción. Todos los estimados proyectan, en promedio, más de un punto porcentual del PBI. Sin embargo hay otros efectos no tan visibles ni medibles: lo que el Estado deja de hacer a consecuencia de escándalos como el protagonizado por el Dr. Moreno. Debido al gran alcance mediático de estos hechos, se reinstala la cultura de la sospecha y se consolida aún más la desconfianza en el aparato del Estado. Por ende, si ya contamos con un aparato administrativo y judicial lento, burocrático y entramado, el caso de corrupción de turno hace que quien tiene que tomar decisiones sobre obras, dirimir en un conflicto o simplemente dialogar con inversionistas, se sienta amenazado y chuponeado por las cuatro paredes.

Así, muchos funcionarios públicos de todos los niveles no solo no actúan sino que se autoimponen trabas, requisitos y condiciones inexistentes para mantener las cosas congeladas con tal de no decidir, de no hacer. ¿Alguien mide y cuantifica este costo? No lo creo. Pero me atrevería a decir que es varias veces más oneroso para el país que el impacto directo de la corrupción a nivel agregado. Tan importante como que el Gobierno mejore sus políticas de prevención y sanción de la corrupción es que no caiga en el inmovilismo que ésta provoca.

Simultáneamente, tan o más importante que endurecer penas y prevenir eficazmente las corrupción en el aparato estatal, es la reforma de este último. La acción pública eficaz es una total excepción debido a la maraña de normas, requisitos y condiciones que regulan la actuación del Estado y su relación con los privados. Asimismo, son pésimos los niveles y condiciones en los que se prestan los servicios públicos básicos. ¿Es una sorpresa que la corrupción sea el pan de cada día en estas circunstancias?

Mario Saldaña C.

@msaldanac