Corresponsables

La conspiración geopolítica y corruptora de Lava Jato, tramada en el Brasil de Lula, explotó cuando la guerra Ejecutivo-Congreso ya había corroído los cimientos de nuestra estabilidad política e institucional. Despreciando las posibilidades de engrandecer a la Nación en base a las convergencias entre Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio, sus líderes optaron por alimentar el demonio del rencor hasta el extremo de una confrontación suicida. No son los únicos. Hay otros que ahondan la pugna de poderes; inteligencias experimentadas que no trabajan por el bien común sino por lo contrario. Enceguecidos y atemorizados por sus problemas, los actores políticos nos arrastran al abismo. Y aquellos que fueron ponderados y racionales alientan sus propias desgracias partidarias.

Asombra que un veterano y reconocido financista no haya podido entenderse con una política joven que hizo del fujimorismo un partido democrático y nacional, con mayoría parlamentaria. A pesar de la complementariedad de sus propuestas, no quisieron superar heridas de campaña y aprovechar la solidez macroeconómica del Perú para proyectarlo hacia un futuro de crecimiento y armonía social. La soberbia ha abierto las puertas al populismo socialista y al oportunismo del outsider.

Lava Jato y Odebrecht utilizaron el soborno como mecanismo de dominación latinoamericana. Aunque Perú no figure entre las mayores víctimas (en cifras), las consecuencias son catastróficas no solo porque está barriendo a la llamada “clase” política, sino por los males que ha inoculado en nuestra vida ciudadana: suspicacia, maledicencia y universalización de la desconfianza en políticos, empresarios y dirigentes.

Se ha olvidado que la confianza es la condición primordial de cualquier organización social y política capaz de ofrecer seguridad y progreso. La confianza permite al individuo —titular de la soberanía— ceder parcelas de su libertad para lograr bienes inalcanzables sin la organización de un gobierno de ciudadanos. Sin confianza es imposible elegir y delegar en otros la facultad de gobernar y la responsabilidad de conducirnos al bien común.

Una sociedad ensimismada en la sospecha y la denuncia se condena al fracaso, la pobreza y la disolución. ¿Quién invierte para producir? ¿Quién se aventura a ser presidente, ministro o congresista? Empresarios y profesionales de éxito encabezan la lista de los “más buscados”. El fantasma del conflicto de interés los aleja de lo público para no ser presa de parlamentarios o periodistas con vocación de fiscales jacobinos. Nadie se interesa en conocer avances o desarrollos positivos. Aburren. Las presentadoras de TV compiten con los tribunales para convencernos de que el país es un desastre lleno de reos libres. Vacancia presidencial, acusación constitucional u hoguera es lo que piden audiencias y lectorías.

La llamada “puerta giratoria” ha silenciado voces que antes pedían a los empresarios hacer política. ¿Peruanos con el perfil de Piñera o Macri podrán ser candidatos presidenciales? El costo de satanizar al empresario de éxito es desalentar al emprendedor que quiere triunfar.

Los excesos de la indignación empujan al país hacia un modelo en el que los rectores del destino nacional serían el Poder Judicial, el Ministerio Público y las fuerzas del orden. No importan sus deficiencias o su condición innata de sospechosos. ¿Queremos un Estado judicial-policial con un Congreso que manipula la Constitución, cambia las reglas de juego y vulnera el equilibrio de poderes? El sistema de justicia debe asegurar que el “monopolio de la violencia legítima” que cedemos al Estado solo sirva para garantizar nuestra seguridad con libertad, orden y progreso. En nuestro pasado, lejano y reciente, la democracia ha sido la excepción y no la regla. La reflexión y rectificación se imponen cuando el Perú está de por medio.

Moraleja: no hay economía próspera sin una política eficiente, o por lo menos sensata y dispuesta al compromiso sano.