Contralor Edgar Alarcón (a) “Cataño”

Los “negocios” del contralor indignan a todos los peruanos

Lo que sucede en la administración pública es el colmo. A ciertos funcionarios no les bastan los sueldos que ganan y se recursean para cubrir en grande su canasta familiar. La fiscalía deberá investigar por lavado de activos al contralor de la república, Edgar Alarcón; un delito que es común en la mayoría de las autoridades municipales y regionales que no pueden explicar el origen de sus fortunas. El contralor —que debería ser un funcionario limpio de polvo y paja, libre de toda sospecha, intachable y sin ningún tipo de cuestionamientos— es ahora comparado con uno de esos tantos a quienes la marmaja les quita el sueño y le es siempre insuficiente. Al contralor se le investiga por noventa autos comprados y más de US$ 80,000 no declarados que, según el amante de los fierros, son para los gastos corrientes de su casa. Así ha dicho el ahora engreído de Fuerza Popular. Una ficha que daña la confianza de las instituciones. ¿Con qué cara puede denunciar actos de corrupción e irregularidades si no se conduce como debe ser?

El contralor nos recuerda a César Cataño (empresario vinculado a compañías aéreas), quien dijo que su fortuna la hizo comprando y vendiendo autos, y que al inicio él mismo viajaba y negociaba cada uno de los vehículos que adquiría por encargo. Cataño o Carhuallanqui, cualquiera que sea, todavía tiene un proceso pendiente en el Poder Judicial, un proceso similar al que tal vez deberá asumir el todavía contralor. En opinión de la mayoría, Alarcón ya debería estar de patitas en la calle, respondiendo a todas las acusaciones en su contra, que también incluyen pagos indebidos a la madre de sus hijos, como funcionaria del Estado.

El mismo Alarcón confirma que también se dedicó al negocio inmobiliario. Los fierros le quedaron chicos, no levantarían esos gastos corrientes que alega, y se compró terrenos en Arequipa. Aun cuando esas actividades económicas fueran permitidas para quien ocupa su cargo, no se ve nada bien que una autoridad gane que gana mucho más que el presidente de la República, esté envuelta en negocios que le quitarían el tiempo que debería dedicar a su trabajo como servidor estatal. No es decente. La gente sospecha, cree que al manejar información privilegiada, se aprovecha de su cargo para sacar ventaja. Aquí es iluso asumir que todo funcionario público debe manejarse con prudencia, como debiera para respetar su cargo.

Julio Velarde, presidente del BCR, ha dicho que “la Contraloría debe emitir informes prudentes”. Y por prudencia se entiende tener "capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades, sobre los riesgos posibles o perjuicios innecesarios". ¡Ajá! ¿Y si el informe Chinchero del contralor estaba pensado para protegerse, para tener una coartada contra las acusaciones que ya había contra él, para argumentar venganza, para proteger su cachuelo de los fierros y a sus hijos como testaferros?

La conducta del contralor da pie a la ira nacional. La población, cada día más decepcionada de sus autoridades, sabe que ocultan mucho, que los cargos que se reparten son para medrar. Y el Congreso ni se inmuta. No se oye, padre. La gente cree que habrá impunidad, que Fuerza Popular lo blindará por defender su posición tomada, contraria al ejecutivo en el caso Chinchero. Iván Slocovich, director de Correo, ha dicho que “mal hace el fujimorismo sacando cara por Alarcón".

“Como has cambiado pelona”, vigente otra vez. En los tiempos de Humala, Fuerza Popular se oponía a la designación y hoy actúa como el mejor de los escuderos del “Cataño” en versión pitufa.

Manuel Gago