Manuel Gago

Contra la corrupción, volver a centralizar

Menos funcionarios públicos manejando presupuestos

Contra la corrupción, volver a centralizar
Manuel Gago
27 de agosto del 2018

 

Proponemos la necesidad de observar el actual sistema de regionalización política del país y replantear el gasto público y la forma como se ejecutan las obras en el país. Volver a centralizar los presupuestos reduciría notablemente el número de mafias instaladas en todos los rincones del Estado. La idea es hacer que menos funcionarios públicos decidan las contrataciones del Estado, en todas sus instituciones y niveles de gobierno. Sería más fácil detectar a los ladrones si se reduce al mínimo el número de trabajadores de instancias relacionados con el manejo de los dineros públicos.

Las modalidades de robo estatal son conocidas: sobrevaloración de los productos (bienes o servicios), compras y contrataciones fantasmas y entrega de productos en menor cantidad y calidad pactados. Y así como los audios han revelado que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidía quién ocupaba qué puesto en el sistema judicial, así también, por ejemplo, los alcaldes elegidos se confabulan para que sus parientes y amigos trabajen en otras municipalidades para evitar ser acusados de nepotismo.

Ni el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ni otras instituciones internacionales que han intervenido en los temas de contrataciones han logrado disminuir los niveles de corrupción estatal. Creer que un referéndum político resolverá la situación es también un acto de corrupción, porque la forma como se plantea es una gran mentira.

Los laudos arbitrales se han establecido para birlar dinero de manera legal. La autoridad, el proveedor y el juez comercial están compinchados. Basta un informe de un inspector o un desacuerdo entre las partes para iniciar un proceso que, de antemano —antes de firmar el contrato— ya establece que en un laudo futuro el ganador será el proveedor.

Por eso la idea de centralizar el gasto estatal no es políticamente correcto para el caciquismo, principal afectado. Se le quitaría también la manera de recuperar sus gastos de campaña electoral. Los candidatos siempre son los mismos o sus parientes o amigotes. Se han organizado de tal manera que parecen ser camorras napolitanas, alrededor de clanes familiares.

La oposición provinciana argumentaría en contra del centralismo limeño alegando el ninguneo de su capacidad técnica y gestora, cuando en verdad no hay proyectos ni hay capacidad. Han fracasado, por ejemplo, proveyendo agua potable y servicios de saneamiento en sus poblados. Aún así, la propuesta sería antipopular. Es decir, el presidente Martín Vizcarra jamás propondría centralizar el gasto público. Es más, ya aumentó el presupuesto de las provincias. Tampoco lo haría Fuerza Popular. Volver a centralizar el gasto público no está en la ruta de los populistas y demagogos, a quienes solo les importa el aplauso del día y no la viabilidad del país.

El presupuesto público se ha incrementado por el desempeño de la industria. Contrariamente, los servicios públicos de responsabilidad estatal siguen siendo ineficientes, malos y ausentes. El Estado gasta en banalidades: publicidad, locales institucionales, operaciones (comunicaciones, movilidad, viáticos, conferencias) y personal supuestamente de “alta calificación”, pero que no ofrece resultados. Con tantos “diplomados” bien remunerados que contrata el Estado, la anemia se ha elevado peligrosamente, la violencia contra la mujer continúa y, por el friaje y helada, han muerto más de 600 personas y miles de cabezas de ganado. Las estadísticas revelan que por cada 100 soles destinados a las ayudas sociales, solo 30 soles llegan al usuario final; es decir, al pobre. ¿No es esto, acaso, otra manera de corrupción? Los programas sociales, “la niña de sus ojos” de Ollanta Humala, se han convertido en un hervidero de gasto inútil.

Si el Estado se manejara como una empresa privada no habría tanto desorden, ineficiencia ni delitos. Los mecanismos Obras por Impuestos (OxI) y Asociaciones Público Privadas (APP) son lo más cercano. Extenderlos a los distintos sectores de la sociedad donde el Estado ha fracaso también sería parte de la solución.

 

Manuel Gago
27 de agosto del 2018

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