Confianza para recuperar el crecimiento

Fomentando las inversiones y eliminando la tramitología

No es necesario decir que el actual gobierno ha sido uno de los más ineficaces de la reciente historia republicana: recibió un país con un ritmo de crecimiento de 8% y entrega una economía que languidece. Su principal problema fue la falta de convicción en el modelo y dejarse arrastrar por quienes formularon el discurso de la equidad, sin reflexionar primero en cómo se generan los recursos para acortar las brechas.

En el caso de la actividad minera, hay más de 37,000 millones de dólares en proyectos que hoy podrían estar en producción. Pero eso no sucedió porque el gobierno que fenece no diseñó políticas para que el Estado, en su conjunto, llegue con servicios a las zonas donde usualmente se encuentran los yacimientos; ni siquiera cumplió su rol político de persuasión de la ciudadanía.

El mensaje es: “El Estado debe apoyar el desarrollo de las zonas menos favorecidas, pero las poblaciones de estas localidades tienen que asumir el compromiso de apoyar el engrandecimiento del Estado nacional”. Los servicios que brinda el Estado tienen un costo, el cual debe ser sufragado con la contribución de todos, y no solamente con el aporte de algunos peruanos.

El concepto de “ciudadanía” implica una asunción de derechos, pero también de responsabilidades (deberes) con la colectividad nacional. Si existe una legislación que dificulta el acceso a la formalidad, lo racional es promover aquellas normas que reflejen las relaciones existentes, ya sea en el ámbito comercial, laboral, etc.

¿Qué sucede cuando se hace lo contrario? Se fomenta la informalidad, por lo tanto, menos peruanos tributan. No se fomenta la ciudadanía y la creatividad se orienta hacia cómo evadir el cumplimiento de la ley. Y cuando algún funcionario descubre que alguien está en falta, enfrenta muchos incentivos para caer en actos de corrupción.

Todo lo contrario ocurre cuando se fomentan las inversiones. Los inversionistas que tienen capacidad económica para cumplir con los parámetros normativos existentes, suelen incorporan dentro de sus costos administrativos la denominada “tramitología”, que obviamente no es lo ideal. Esta tramitología se ha multiplicado innecesariamente en los últimos años, alentando una burocracia que, para cumplir con la maraña normativa, no le queda más que trabar el desarrollo del país. No obstante, todo eso resulta mejor que la informalidad.

¿Qué requiere el país para volver a crecer? En primer lugar, establecer un régimen de excepción por un número de años determinado y conformar un equipo que tenga como finalidad eliminar las normas administrativas innecesarias en un plazo no mayor de seis meses, ministerio por ministerio, así como los denominados TUPA. No se trata de reducir plazos que nunca se cumplen, tal como ha sido la errónea estrategia de la actual administración. El funcionario público respaldará la inversión, siempre que las normas no impliquen un riesgo para su estabilidad laboral y su integridad personal. Por eso se requieren normas racionales, que no impliquen una exigencia mayor de cumplimiento de lo que se le puede exigir al mismo Estado.

En segundo lugar, promover la inversión pública y privada para dar un mensaje de confianza a todos los agentes económicos. Así, esos agentes se animarán a generar empleo, lo que permitirá elevar la productividad y financiar una oportunidad que entregue calidad de vida a más peruanos.

Como dice el presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, “el recreo ya terminó, vamos a trabajar”. Y eso es precisamente lo que esperamos todos los peruanos para el próximo quinquenio en que celebraremos los doscientos años de vida republicana.

Guillermo Vidalón del Pino