¿Cómo podar la sobrerregulación estatal?

Guía práctica para eliminar la tramitología en el Estado.

Cada persona tiene el instinto natural de cuidar su casa y hacer que esta se vea ordenada y bonita. Si nosotros tenemos un jardín lo abonamos, regamos, cortamos la mala hierba; en general, lo cuidamos para que este le traiga vida a nuestro hogar. ¿Qué pasa si lo descuidamos? Si no llueve, el jardín se secará y morirá; en caso contrario, si llueve, el jardín crecerá descontroladamente, la mala hierba aflorará y lo malogrará. En ambos casos el resultado es el mismo: el jardín se estropea.

Lo mismo pasa con la sobrerregulación en el Perú, que estropea todas las cosas. Quiero ser contundente: según informó RPP (2015, 23 de enero), el Perú es el sexto país más informal del planeta: 61% de nuestro PBI se genera en la economía informal y 90% de las empresas son informales (http://bit.ly/1PM67yr). Ahora bien, citar cifras es algo frío, impersonal y lejano; pero hay personas detrás de los números. Cuando existe informalidad las personas trabajan sin beneficios laborales, no cuentan con seguro médico y la inestabilidad laboral es mayor. Todo lo anterior se traduce en familias más pobres, muertes por falta de atención médica y falta de oportunidades para el desarrollo personal. En suma, dolor, sufrimiento e injusticia.

Esto afecta tanto a los humildes trabajadores como a los empresarios. Principalmente a los empresarios emergentes, valerosos peruanos que buscan llevarle el pan de cada día a sus familias y que montan un pequeño negocio, una micro o pequeña empresa; las cuales representan el 96.2% y 3.2%, respectivamente, de todas las empresas en el Perú, según informó el INEI en 2013. Lamentablemente y por diversos factores, incluyendo la sobrerregulación, “de las 300,000 microempresas que se constituyen cada año, 200,000 cierran en el mismo periodo” (RPP 2015, 23 de enero).

Desde esta columna presentamos el caso para que nosotros exigir al Estado y sus poderes Legislativo (según José Elice, este Congreso en dos meses ya ha presentado casi 300 proyectos de ley) y Ejecutivo (según De Soto, el gobierno emite 30,000 nuevas normas al año, 106 al día) que cambie su manera de funcionar, que “pare la mano” y deje de emitir regulaciones que en algunos casos son absurdas, y que promueva políticas públicas que resuelvan este problema. No obstante, les daremos una ayudadita y enunciaremos algunas ideas que podrían implementarse.

En primer lugar, el sunset review (examen por extinción). La idea central es que el propio Estado ponga mecanismos que promuevan la revisión de regulaciones antiguas que siguen en vigencia y que, al mismo tiempo, tenga incentivos para pensar dos veces antes de emitir una nueva norma. El sunset review postula que el gobierno, en todos sus niveles (central, regional, provincial y local), revise las regulaciones que emite cada cierto periodo de tiempo y sustente si deben seguir en vigencia. En caso contrario, la regulación se derogaría.

En segundo lugar, la estandarización regulatoria. Tener diversos procesos para solicitudes similares es uno de los males del Estado. Esta solución propone procurar que las instituciones que tramiten solicitudes similares estandaricen sus procesos, lo que generaría predictibilidad. Un ejemplo claro de esto sería buscar la estandarización de los TUPA de las municipalidades.

En tercer lugar, se debe continuar impulsando propuestas como “Trámite de más”, en la cual los ciudadanos puedan poner sobre aviso a la administración pública, de manera rápida y eficiente, sobre la existencia de trámites ineficientes o duplicados. Es más, se podría fomentar la participación de las personas creando incentivos tales como otorgar beneficios a los ciudadanos que detecten trámites que luego efectivamente se determine que eran perjudiciales. De esta manera, cada persona se convertiría en un controlador del Estado.

En cuarto lugar, se debe evaluar a funcionarios públicos por el trato que le dan al ciudadano. Para fomentar que brinden una mejor atención se debería utilizar un sistema de encuestas de satisfacción en la atención, que evaluaría a los funcionarios públicos.

En quinto lugar, e-government. Vivimos en el siglo XXI y el Estado aún no se entera. Debemos ser capaces de pagar todos los tributos y realizar todos los trámites con el Estado utilizando Internet y desde la comodidad de nuestras casas. Menos colas, más tiempo libre para usarlo como queramos.

Quiero ser bien claro sobre algo: no toda la regulación estatal es mala. Hay normas que son necesarias y que no son “trabas”, sino requisitos legítimos. Por ello, la aplicación de estas herramientas debe ser dirigida a aquellas áreas en las que sea necesario, y se debe hacer con total transparencia y previo aviso a la población.

Finalmente, el argumento es sencillo: así como en nuestras casas podamos la mala hierba, deberíamos ser capaces de podar la mala regulación de nuestro ordenamiento jurídico.

Franco Germaná Inga.

@FrancoGermana