Ciudades liberales y conservadoras

Al observar el comportamiento de las ciudades en el panorama latinoamericano, Lima se muestra como una ciudad mayoritariamente conservadora con relación a las demandas ciudadanas de derechos civiles de cuarta o quinta generación. El rasgo distintivo de estas demandas está teñido por la igualdad de género, la despenalización del aborto, el papel de la educación en la orientación sexual y los derechos de la comunidad LGTBI, entre otros. Son demandas que generan alta polémica, y en las que la mujer ocupa un lugar central.

En ciudades como Bogotá, Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile los movimientos civiles que reclaman el reconocimiento de esos derechos son altamente mayoritarios frente a las opciones conservadoras. A tal punto que en Santiago de Chile el reciente electo Sebastián Piñera se ha visto obligado a dar un paso atrás en su talante conservador, anunciando que la igualdad de género será una prioridad de su Gobierno, en vista de los masivos movimientos en los que la mujer juega un rol protagónico. En estos días, el Gobierno del presidente Macri en Argentina se encuentra jaqueado por las masivas protestas de las mujeres que demandan la despenalización del aborto, mientras que en Bogotá la comunidad LGTBI se ufana de haber logrado nada menos que once conquistas, entre las que destacan el matrimonio igualitario, el derecho de los homosexuales a adoptar niños, el derecho al cambio de nombre por otro sexo, los derechos patrimoniales de las personas del mismo sexo, entre otros.

En 1993 en Bogotá ya se había aceptado el primer cambio de nombre por uno del sexo opuesto, mientras que Montevideo es la ciudad más avanzada en legislar sobre los mencionados derechos. En cambio, Lima aparece como la ciudad más conservadora, con una mayoritaria oposición a esos derechos. De hecho, las movilizaciones más grandes que se han producido en la capital peruana son lideradas por sectores conservadores de la iglesia y comprometen a vastos sectores populares y del sistema educativo. Tanto es así que el propio Poder Judicial aceptó parcialmente una demanda de estos sectores, hace ya casi un año, relativizando el rol del Estado en la educación sexual y la promoción de la igualdad de género.

Los sectores conservadores de Lima y otras ciudades del país se oponen abiertamente a legislar sobre el aborto. Por añadidura, se oponen también al uso de la píldora del día siguiente y el uso de anticonceptivos, entre otras formas de evitar embarazos en menores. Mientras tanto, según cifras del Ministerio de Salud, el 10% de niñas entre 12 y 13 años de edad se convierten en madres cada año en el Perú.

Históricamente Lima ha sido una de las ciudades más conservadoras para aceptar diversos derechos civiles ligados al ejercicio de la libertad individual, un aspecto central del predominio liberal y del Estado Laico. Mientras en Montevideo, capital de Uruguay, en 1932, luego de diversos plebiscitos, las mujeres conquistaron el derecho al sufragio, en Lima y el Perú esa conquista se hizo realidad recién en 1955. Una cosa similar se podría decir de la abolición de la esclavitud y otras demandas. El Perú y Lima han sido los últimos recintos en aceptar el uso de la píldora del día siguiente; sintomáticamente, no por una iniciativa legislativa, sino por una decisión del Tribunal Constitucional del año 2009.

¿Cómo explicar este predominio conservador en nuestra capital y otras ciudades del país? A mi juicio, el factor principal es la ausencia de una clase media lo suficientemente educada y abierta a las nuevas opciones liberales. El segundo factor es el nefasto papel de una mayoría de las iglesias conservadoras, tanto en la corriente católica como evangélica, varias de las cuales se dedican al gran lucro del diezmo de sus feligreses. El tercer factor es el hecho de que el ejercicio del Estado laico en el Perú es más formal que real; y Lima es una de las ciudades donde más se ejerce este poder, a tal punto que los peruanos tenemos que pagar el sueldo de los sacerdotes católicos, fruto de un concordato, dicho sea de paso, aprobado en una dictadura militar (en el mandato de Francisco Morales Bermúdez).

El cuarto factor, y quizá el más importante, es la debilidad de los movimientos liberales y de izquierda. Su precario arraigo en sectores populares y en proyectos privados que proyecten estas demandas por derechos civiles de última generación, arrinconan estas tendencias arrinconadas en los sectores medios tradicionales y ubicados en las ONG, cada vez más débiles. La potencia de los movimientos de mujeres en Santiago de Chile, Montevideo, Bogotá o Buenos Aires, que han logrado importantes conquistas referidas a estos derechos, tiene en gran medida su explicación porque las corrientes liberales y de izquierda que cuentan con un alto anclaje popular en un sistema de partidos que promueve una comunidad política tolerante y promotora de los nuevos derechos civiles.

En Lima y el Perú el declive del sistema de partidos ha sido directamente proporcional al auge de las tendencias conservadoras. Las amplias oportunidades de negocios y de inversión privada que Lima exhibe no se condicen con una apertura al ejercicio de derechos modernos, aquellos que en las ciudades más modernas del mundo son ya una realidad, ya convertida en leyes.