Ciudadanos de segunda clase

La indolencia del estado ante discriminación y violencia de género

Cuando se trata de violencia contra la mujer, mucho importa quién es la víctima, pero sobre todo quién ejerce la violencia. Porque claro, en ciertos casos debe caer todo el peso de la ley sobre el agresor, y en otros, es mejor defenderlo, ya sea justificando la agresión o poniéndola en duda. Tal es el caso de la nueva integrante del partido de Cesar Acuña, Anel Townsend, quien en una extensa entrevista sostuvo que las denuncias de la exesposa del candidato vienen siendo utilizadas políticamente. “Lo concreto es que nuestro candidato ha aclarado que nunca llevó adelante esa clase de conducta.” Y con ello, la ex Ministra de la Mujer da por zanjado el tema.  

La violencia contra la mujer es un fenómeno mundial que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta al 35% de las mujeres del mundo. Un estudio del Banco Mundial ha demostrado que el crecimiento económico no resuelve los problemas de desigualdad de género y violencia. Estos ocurren en todos los países, en todos los estratos sociales y están asociados al control del hombre sobre la mujer y a los roles que cada sociedad asigna a las mujeres. Es una muestra de poder, de superioridad.

La violencia contra la mujer en el Perú es de las más altas de Latinoamérica. Una de las grandes barreras para acabar con ella es la actitud de la sociedad frente a las víctimas y sobre todo frente a los agresores. La impunidad y la aceptación impiden su erradicación. ¿Pero qué sucede cuando, después de una agresión sexual, una mujer es agredida por el Estado indolente?

Liliana tenía 13 años cuando comenzó a ser victima de violaciones sexuales sistemáticas. Sus dos agresores la amenazaban con matarla si se atrevía a decir algo. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada intentó suicidarse tirándose del techo de su casa. Sobrevivió y fue internada de emergencia en el Hospital Carrión. Tenía la columna vertebral rota y necesitaba una operación de emergencia o corría el riesgo de quedar paralitica. El Hospital se negó a realizar la operación por estar embarazada. Su madre, por el riesgo implicado, solicitó un aborto terapéutico. El hospital se negó, poniendo por delante la vida del no nacido sobre la de la madre: una niña de trece años. Liliana ha pasado los últimos nueve años postrada. Su caso fue llevado al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (CEDAW), el cual dictaminó que el Estado Peruano está obligado a indemnizarla. El Ministerio de Justicia y el de Salud aun no se han puesto de acuerdo en cómo pagar la indemnización. Mientras tanto, su madre sigue vendiendo desayunos en la puerta de su casa para pagarle las terapias. Este caso grafica no solo la incapacidad del Estado sino además la doble discriminación que sufren las mujeres, primero por ser mujeres y segundo por ser pobres. Si la madre de Liliana hubiese tenido recursos habría acudido a una clínica donde se le habría realizado el aborto terapéutico y la operación que necesitaba. Si la madre de Liliana hubiese tenido recursos, su vida sería diferente.

¿Cuándo será que las mujeres en el Perú dejemos de ser ciudadanos de segunda clase, incapaces legales a las que pueden callarlas a golpes o poner la vida de un no nacido por encima de la de ellas?

Por: María Cecilia Villegas