Cinco verdades sobre las armas de fuego

Burocratismo expone a los ciudadanos a inseguridad

Ayer 22 de enero se cumplió un año de la publicación de la Ley Nº 30299 “Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil”. Hasta hoy, la ley no sido reglamentada pese a haber vencido largamente el plazo que la propia ley otorgaba.

La consecuencias de tal demora perjudican seriamente la industria minera, la construcción de infraestructura (ambas usan explosivos), la prestación de servicios de seguridad privada y la situación legal-administrativa de los ciudadanos honestos que adquirieron o desean adquirir legalmente armas para protegerse de la creciente inseguridad o para los usos deportivos legales y pre-existentes, exponiéndolos negligentemente y contra su voluntad a una situación de irregularidad e indefensión.

Soy testigo del esfuerzo desplegado por el ministerio de Interior para reglamentar razonablemente y a tiempo la referida ley. Sin embargo, una de las lamentables consecuencias de la formación de esa agencia de empleos oficialista llamada SUCAMEC, retirándola de la subordinación al ministro, ha sido que el funcionario a cargo de la misma pretenda tercamente imponer su voluntad contra legem amparado en su cercanía amical a la pareja palaciega.

SUCAMEC olvida que:

1.    El problema son los delincuentes, no la gente honesta. El enemigo son ellos, no nosotros. Resulta efectista pero tremendamente injusto, prepotente e ineficaz que para reducir la inseguridad anuncien que se han denegado licencias a personas honestas. Pareciera que la intención que subyace es emular a Venezuela y Ecuador donde el oficio de delincuente ha dejado de ser una actividad riesgosa por indefensión de la población honesta.

2.    No se puede legislar basándose en teorías sin sustento negándose a aceptar la comprobación empírica. La estadística demuestran reiteradamente que en los estados y ciudades donde se facilitó el acceso de las personas honestas a portar  legalmente armas de fuego, la irrupción violenta en la propiedad privada y los asaltos disminuyeron drásticamente. Exactamente lo opuesto a lo que sostienen alegremente y sin prueba alguna los funcionarios de SUCAMEC.

3.    El mundo que pintan los programas policiales de televisión dista mucho de la realidad. El efecto real de un arma calibre 9mm o .45 (calibres recomendados por todos los expertos para detener una agresión) no se acerca a la fantasía hollywoodense. Así lo entendieron en el Congreso, negándose a privar a los civiles honestos del acceso a los mismos.

4.    En democracia los funcionarios públicos deben abandonar la posición paternalista. No es su función suponer que los ciudadanos somos potencialmente tarados, aunque mirando abunden los ejemplos (sobre todo entre los copartidarios del gobierno)

5.    En democracia la amistad del funcionario con el presidente o con su esposa no son fuentes del derecho. No puede seguir insistiendo tercamente en modificar la ley vía un Decreto Supremo.

SUCAMEC intenta tozudamente torcer por vía reglamentaria la voluntad soberana del Congreso de la República,  expresada en la ley tras un largo debate que desestimó la utilidad para establecer  limitaciones de capacidad o el acceso de determinados calibres. Asimismo cerró el paso a la facultad discrecional absoluta, madre innegable del abuso y la corrupción. No es razonable ni justo procurar libertad absoluta para imponer sanciones draconianas según el humor del funcionario, la posición política o la billetera del administrado.

 

Lo que hagan mal, lo corregirá el próximo gobierno, sancionando ilegalidades y abusos.

 

DARDO LOPEZ DOLZ