CIDH, la misma historia

¿Por qué el Perú siempre pierde todos sus casos ante la CIDH y la Corte IDH? 

Pocos dudan hoy del sesgo ideológico con que la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH interpretan y juzgan los hechos que se produjeron en el Perú durante la agresión terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA. 

Ese sesgo se aprecia en múltiples decisiones. La más reciente de la CIDH ha sido admitir una demanda de 64 terroristas presos que exigen que se les libere e indemnice por haberse violado supuestamente su derecho al debido proceso. Este hecho ha motivado la protesta del ministro de Justicia, Carlos Adrianzén, y el respaldo del presidente del Consejo de Ministros a dicha reacción. 

Hace poco la Corte IDH falló a favor de la terrorista del MRTA Gladys Espinoza Gonzales, patrocinada por Aprodeh, y condenó al Perú que le pague US$105,000 por haber sido supuestamente violada en la Dircote, algo que nunca ha sido probado. 

Y hace unos años, en una sentencia a favor de Sendero Luminoso, la Corte obligó al Perú a “realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación con las violaciones declaradas en esta sentencia en desagravio a las víctimas y para satisfacción de sus familiares, en una ceremonia pública, con la presencia de altas autoridades del Estado y de las víctimas y sus familiares”, y a “difundir dicho acto a través de los medios de comunicación”. 

El problema de fondo es que desde el 2000 se inició una política de concesiones políticas al terrorismo y de allanamiento sistemático ante las acusaciones de éste contra el estado peruano ante la CIDH y la Corte. Los hechos lo corroboran: 

- El 2000 entonces jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia Javier Ciurlizza inició conversaciones secretas con Abimael Guzmán a espaldas del presidente Paniagua, dándole concesiones. 

- En esos mismos días se designó como miembros de la Comisión de Indultos del sector de Justicia a funcionarios de ONG que patrocinaban legalmente a presos por terrorismo. Se indultó a presos cuyas peticiones habían sido rechazadas por la comisión Lanssier a pedido de la Dircote. 

- El Perú fue reincorporado sin reservas al ámbito de la Corte IDH a pesar que los partidos políticos habían acordado, en la mesa de diálogo de la OEA, regresar con reservas para los casos de terrorismo. 

- Se promovió la aplicación de la doctrina penal garantista que se resume en juzgar con mano blanda a los terroristas y con puño de hierro con los militares acusados por ciertas ONG. 

- Se instauró la política de “flexibilización” penitenciaria: Desapareció el régimen de rigor para los terroristas avezados y se les juntó con los arrepentidos; Abimael Guzmán tuvo acceso a teléfono, diarios y revistas, correspondencia libre y contacto personal con sus visitantes. Además, se cerraron los penales Challapalca y Yanamayo. 

Como resultado de esa política, hoy siguen en prisión solo unos 500 terroristas de más de 4,000 que estaban presos el 2000, La CIDH y la Corte IDH tienen parte de culpa, pero el problema mayor está en que, en mayor o menor medida, persiste la voluntad política de someterse al terrorismo. 

Por Víctor Robles Sosa
05 - May - 2015