Cerrando la brecha de infraestructura

En el presente gobierno llegaría a US$ 160,000 millones

El gobierno ha reconocido la gran brecha en infraestructura que existe en el país y la necesidad de destrabar el Estado para comenzar a acortarla. La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico ha calculado la brecha de infraestructura para el período 2016-2025 en US$ 159,549 millones. Para lograr cerrarla el Estado deberá invertir el 8.27% del PBI, alrededor de US$ 15,955 millones al año. La Inversión actual en Infraestructura es entre 3% y 4% del PBI.

El problema es grande y los recursos del Estado son limitados. Sin embargo, el Perú no cuenta con un plan nacional de infraestructura intersectorial. Más aún, no existe una metodología para priorizar los proyectos de inversión pública.

La inversión pública permite la prestación de servicios públicos esenciales, conecta a los ciudadanos y las empresas con los mercados y las oportunidades económicas, y puede servir de catalizador para el crecimiento económico. Un reporte reciente del FMI reconoce que en últimas décadas la eficacia del sector público para invertir en infraestructura se ha visto cuestionada, lo que ha generado un incentivo para una mayor participación del sector privado.

Esta inversión privada es mayor en economías avanzadas. Como en el caso de Inglaterra, donde 64% de la inversión en infraestructura corresponde al sector privado, 23% a asociaciones público privadas (APP) y solo el 13% al sector público. Mientras que en mercados emergentes, como en el caso de India, el 64% de la inversión en infraestructura corresponde al sector público, 5% a APP y 31% al sector privado. El FMI reconoce que las APP, cuando son usadas eficientemente, pueden significar importantes ahorros —si se las compara con inversiones públicas—en la provisión de bienes y servicios. Esto, por cierto, dependerá de la habilidad del Estado para trasladar los riesgos, generar los incentivos apropiados y reducir los costos del proyecto.

Los países con sólidas instituciones de gestión de la inversión pública realizan inversiones predecibles, confiables, eficientes y productivas. Por ello la importancia de fortalecer y empoderar a las instituciones encargadas de la planificación, asignación de recursos e implementación de las inversiones públicas.

El Estado peruano no tiene la capacidad de cerrar la brecha de infraestructura existente. Por ello se han creado mecanismos como Obras por Impuestos (OXI) y las Asociaciones Público Privadas, que buscan usar la eficiencia y los recursos del sector privado para el desarrollo de obras de infraestructura.

En OXI, la empresa privada financia y ejecuta proyectos de inversión pública recuperando al final el monto de la obra contra su Impuesto a la Renta. El mecanismo es bueno, pero debe ser mejorado. Se necesita afinar la priorización de proyectos y regular claramente los conflictos de intereses. Por ejemplo, el ente financiador no debe contratar a una empresa vinculada, por más que así resulta más eficiente. El MEF, ProInversión y los ministerios facultados para ejecutar OXI tienen que agilizar sus engorrosos procesos y facilitar la inversión. Para ello es necesario capacitar a los funcionarios encargados y encontrar mecanismos eficientes para la solución de los conflictos que pudieran surgir, y que no se llegue a la paralización de los proyectos.

Si bien los gobiernos subnacionales han ejecutado OXI, no ha sido el caso del gobierno central, cuyos funcionarios no han logrado entender aún las ventajas de OXI. Tal como sostuvo el ministro Trujillo, pese a la brecha en infraestructura de agua y saneamiento, el Ministerio de Vivienda no ha logrado adjudicar ni una sola obra a través de OXI.

El acceso a servicios básicos es la base de todo esfuerzo para hacer ciudadanos con capacidad para participar en una sociedad con justicia y equidad.

María Cecilia Villegas