Candidato, juez y parte

García Sayán y los límites éticos entre la magistratura y la política

El Perú siempre se ha caracterizado por presentar una posición mesurada y abierta en el panorama regional. Forma parte del ethos nacional la apuesta decidida por la unidad política del continente (“firme y feliz por la unión”, es el lema nacional) y el gran Perú nunca ha dejado de convocar por encima de las disensiones a todos los países de la región. Víctor Andrés Belaunde, uno de sus grandes diplomáticos, siempre sostuvo que la posición internacional del Perú estaba enraizada en esta premisa integradora, sintética, de fusión superior de países bajo el marco axiológico de un ideal trascendente: la síntesis viviente latina.

Por eso, contrariar esta voluntad unionista no corresponde a lo mejor de la tradición internacional del Perú. De hecho, vulnera un largo camino diplomático que ha costado sangre, sudor y lágrimas. En este contexto, no se comprende la terquedad manifiesta del Ejecutivo peruano cuando pretende mantener la candidatura polarizadora del señor Diego García Sayán violentando dicha tradición de unidad que siempre ha caracterizado al Perú. En efecto, cualquier abogado que ha profesado el Derecho es plenamente consciente de las incompatibilidades manifiestas que genera la candidatura del Señor García Sayán. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que presume de imparcialidad y objetividad, está formada por jueces, en teoría, ajenos al juego de la política regional.

Un juez de la Corte ni puede ni debe pedir permiso para candidatear al puesto de secretario general de un órgano ejecutivo de la Organización de Estados Americanos, más aún si sus acciones en dicha secretaría influyen directamente en el ambiente político de la región. Los jueces pertenecen a los fueros de la autoridad (auctoritas). Los jueces controlan el poder, existen para mantener al poder dentro de los límites que impone el Derecho. Por eso, que un juez opte por transformarse en un agente de poder, contradice profundamente la raíz de la función judicial e inhabilita a dicha persona para ejercer la altísima responsabilidad del control bajo el Derecho.

La política siempre implica una actuación subjetiva y personalísima, alejada del mínimo de impersonalidad que exige la función judicial. La actuación política sepulta la idea de equilibrio que sirve de premisa a la judicatura. El Derecho se funda sobre el equilibrio, no sobre la opción subjetiva que exige la participación política. El cargo de Secretaria General de la OEA es un cargo con una fuerte impronta política, innegable, por lo demás. Por eso, el señor García Sayán no puede ni debe aspirar a ser juez y parte. Gane o pierda la secretaría general de la OEA, sea o no candidato a este puesto, el juez que escoge voluntariamente pasar al fuero político queda inhabilitado legal y moralmente para regresar a su puesto.

Basta un somero examen de la propia normativa de la Convención Americana sobre DDHH (artículo 71) para comprender que la independencia de los jueces no puede verse contaminada por la política. El someterse voluntariamente a una elección pública es un acto político. Por tanto, el que aspira a ser candidato, el que se somete a una elección, no puede regresar luego a juzgar a los que lo eligieron o lo rechazaron. García Sayán no debe regresar a su sillón de juez en la Corte a juzgar en el futuro a aquellos que lo juzgaron para un cargo público en el pasado.

El gobierno peruano debe retirar la candidatura del señor García Sayán porque no debemos avalar esta confusión de candidatos políticos que luego se presentan a la comunidad internacional como jueces imparciales. El Perú, que aspira a la unión regional, no puede sustentar la candidatura de un actor político que desune internamente. El gobierno, si busca mantener un mínimo nivel de prestigio en la región, tendría que evaluar una candidatura unificadora de consenso. Felizmente, todavía hay tiempo para ello.

Por Martín Santiváñez Vivanco