Jorge Morelli
Calibrando a PPK
Ante la agitación política y el radicalismo antiminero
A primera vista el asunto parece especulativo. Pero ya dos medios de comunicación, con fuentes independientes, han informado de la presencia de un grupo supuestamente vinculado al fundamentalismo islámico instalado en Apurímac; bajo la cobertura de una ONG denominada Inkarri Islam, que actuaría como fachada de Hezbolá. El programa televisivo Punto Final, en junio de este año, y el diario Expreso, esta semana, por vías diferentes han tenido conocimiento de esta versión y la han publicado en su momento.
Ayer, la comisión de Defensa del Congreso ha tomado cartas en el asunto y lo menciona explícitamente en la invitación que hace al ministro del Interior, Carlos Basombrío, a concurrir al Congreso a informar a esa Comisión sobre los acontecimientos de Las Bambas, que han costado la vida de un comunero.
Hay tres aspectos relevantes en esos sucesos. A los dos primeros ha hecho referencia el propio presidente de la República. Pero únicamente a esos. Ha dicho, primero, que “no sorprende la intranquilidad” en Las Bambas. Por la vía que se usa para transportar los minerales a través de tierras comunales circulan diariamente 500 camiones. El presidente ha emitido un juicio sobre esta situación: “Los locales tienen quejas legítimas”. Esto apunta, ante todo, a las posibles responsabilidades de la empresa minera.
El segundo factor es el de la respuesta de la Policía. Ha procurado el presidente defender su accionar señalando que se halla "en la puna, a 4,400 metros sobre el nivel del mar” y que de repente no ha tenido “instrucciones claras". Este aspecto se refiere, directamente, a las posibles responsabilidades del Estado. El tercer factor, sin embargo, es el de la agitación política y el radicalismo antiminero. Este instrumenta las “quejas legítimas” de la población y utiliza las carencias de la respuesta de orden público. A la hora de interrogar al ministro del Interior, la Comisión de Defensa del Congreso debería mantener muy claramente separados estos tres factores distintos.
El objetivo aquí es crear una situación de derechos humanos cuyo fin último es paralizar la mina más importante del Perú que, a inicios de este gobierno, está destinada a ser un caso emblemático, equivalente al que en su momento fue la mina Conga, en Cajamarca, que acabó como todos sabemos. En suma, al gobierno de PPK lo están pulseando para calibrar su respuesta, a ver cuánto calza. Hasta el momento, la respuesta política del pepekausismo es, para fines prácticos, exactamente la misma que la del humalismo. O sea, ninguna.
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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