Bajo el oprobio

La política peruana degradada a la crónica policial y judicial

Luego de un año de “gobierno” del presidente Kuczynski, el país va a la deriva. La tecnocracia liberal gobierna a favor de un pequeño grupo de grandes empresas y al margen de la inmensa mayoría. El gabinete de lujo está concentrado en defender y hacer como sea los grandes proyectos (refinería de Talara, Línea 2 del metro, Gasoducto Sur Andino, Juegos Panamericanos) valorizados en aproximadamente US$ 20,000 millones, todos ellos con indicios de corrupción y marginando la salud, la educación pública y el agro.

El despido de Julia Príncipe y Katherine Ampuero no se debe a la incompetencia profesional de las procuradoras —como señala Marisol Pérez Tello—, sino a que se atrevieron a denunciar a Vizcarra (por el caso Chinchero) y al propio PPK. Existen sospechas de que el propio presidente esbozó el contrato que favoreció a los intereses de las empresas brasileñas y sus socias peruanas.

Por otro lado, el fujimorismo ha demostrado que el único objetivo de su existencia es la libertad de Alberto Fujimori; el expresidente manipula a sus hijos para intimidar al débil gobierno pepekausa. El nombramiento de Nelson Shack como contralor —con el apoyo fujimorista en el Congreso— evidencia el pacto de Keiko con PPK para el indulto de su padre. Al fujimorismo no le interesa que el nuevo contralor esté controlado por Fernando Zavala y sea el verdadero destrabador de los proyectos que tienen los amigos del gobierno.

El aprismo y la izquierda parlamentaria van dando palos de ciegos a ver si aciertan una. Con divisiones internas ambos están alejados de las aspiraciones populares y se han convertido en el service político de los grupos de poder económico, que los utiliza para promover causas específicas que no amenacen el sistema. Por eso no tienen juego ni fuerza política. Y Acción Popular es un pequeño club desintegrado de sicofantes sin brillo ni inteligencia.

Por cierto, tenemos a los maestros y médicos en huelga en casi todo el país. Los hospitales están al borde del colapso sin medicinas ni presupuesto; además, en agosto se suman los trabajadores del sector salud. El agro está abandonado y el ministro de Agricultura parece un alma en pena perdida en el desierto y sin saber qué hacer. Lo más grave son la idas y venidas frente a los conflictos sociales; la semana pasada declararon el estado de emergencia en Cusco y pocas horas después retrocedieron atemorizados frente a la protesta generalizada.

La inmensa mayoría siente frustración y rabia con el gobierno de PPK, a quien eligieron con la esperanza de que iba a disminuir el inmenso déficit en infraestructura social y productiva. Pero luego de un año de gestión no hay absolutamente nada en todo el país, salvo anuncios rimbombantes y proyectos fantásticos en la confusa imaginación del presidente.

No hay que ser muy zahorí para darse cuenta de que el 90% de los peruanos quiere acabar con la impunidad de los que tienen o han ejercido el poder. El Poder Judicial tiene una grave responsabilidad con el país; por eso, la impunidad en el caso de los Humala-Heredia sería intolerable. Entonces, no son los radicales ni los anarquistas que con su prédica ganan espacio político, es la clase política —degradada a la crónica policial y judicial— que es rechazada por la inmensa mayoría hastiada de vivir siempre bajo el oprobio, como decía Manuel González Prada. Una mayoría que está buscando una verdadera revolución social que transforme al Perú.

Tino Santander Joo