Autoridad: principio exterminado

Pasó a mejor vida en algún momento de los últimos 10 o 15 años

El último martes, el congresista Jorge Meléndez Celis (de Peruanos por el Kambio) se dirigía en una embarcación por el río Marañón (en el marco de la semana de representación) hacia el poblado de San Lorenzo, en Loreto, cuando fue interceptado por nativos de la comunidad de Zaramurillo y retenido por unas tres horas. Meléndez viajaba para tomar contacto in situ con la situación de paralización y violencia a raíz de los derrames de petróleo ocasionados por fugas en el oleoducto norperuano.

Cuatro días antes, en la misma zona, siete funcionarios —inicialmente fueron 24, entre representantes del Ministerio Público, Petroperú y de la PCM— corrieron igual suerte. En ambos casos, felizmente, no hubo víctimas mortales ni un nivel de violencia tal que hoy tuviéramos que lamentar. Por cierto, no cabe para estos actos de agresión a las autoridades (al violarse su libertad y su capacidad de movilizarse) recurrir al tradicional “argumento culturalista” de que “son nativos”, “desconocen la ley” o “están protegiendo su ecosistema”.

Para empezar, como lo señalé la semana pasada en este mismo espacio, debería ser una urgencia que algunos contingentes de las FF. AA. puedan ser movilizados ya a las zonas donde podrían producirse más daños al ducto, a consecuencia de sabotajes de la población que tiene la expectativa de ser contratada para las labores de reparación (según lo informado por el propio presidente de Petroperú). En algún momento de los últimos diez o quince años de vida democrática el principio de autoridad cayó en estado de gravedad y pasó a mejor vida. Lo fuimos enfermando de a poquitos hasta su deceso. Hoy es un fallecido al que tratamos de revivir (como si fuera John Snow de Game of Thrones). ¿Pero es factible hacerlo? ¿O también necesitaremos un acto de hechicería como en la afamada serie?

El flamante jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), señor Rolando Luque, ha adelantado que suscribirá un convenio con la Defensoría del Pueblo para alinear criterios de aproximación a los conflictos, para evitar una suerte de competencia entre ambas entidades y más bien complementar esfuerzos. Me parece bien. Pero aquí les damos una idea a ambas entidades.

Buena parte de los actos de violencia que vemos aparecer en los conflictos sociales a nivel nacional (como estos últimos de Loreto o lo sucedido en Bagua, en Conga, Tía María; las tomas de carreteras o los daños a la propiedad pública o privada, etc) tiene tras de sí un incentivo perverso: quienes los cometen saben que estarán protegidos por un manto de impunidad. Es más, rebalsada la violencia, se pide la constitución de las famosas mesas de diálogo que, desde su concepción, ya incorporan el perdón a los delincuentes y agresores. Así de simple. Salvo en el caso de las protestas del Valle del Tambo (en Arequipa), no recuerdo gente que esté purgando condena por la simple aplicación de la ley. Y recordemos que la toma de carreteras, si la memoria no me falla, quedó establecida como delito en el gobierno de Toledo.

Ambas entidades (ONDS y Defensoría) deberían dejar muy en claro el mensaje que tanto el diálogo y la solución misma del conflicto no incluyen darle impunidad a quien violó la ley. Ojalá los recientemente designados titulares de ambas instituciones empiecen con ese buen pie.

Mario Saldaña C.

@msaldanac