Armas: ¿quien le pone cascabel al gato?

Sobre el reglamento pendiente de la ley de control de armas de uso civil

El Estado Peruano debería conocer con exactitud quien es el propietario y,  por lo tanto, responsable de cada arma de fuego que exista legalmente en territorio nacional; tanto las que han sido entregadas a las fuerzas del orden como las que son propiedad de empresas y ciudadanos, sean estos civiles o militares. Solo así se puede dificultar el trasiego ilegal hacia la delincuencia.

En el caso del armamento ligero propiedad de las FFAA y PNP o individual de militares y policías, los niveles de negligencia son pasmosos. Nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato, como si aún temiéramos la bota del velascato. Ojalá el siguiente gobierno realice un arqueo real y comience, de una vez, a identificar y condenar a los proveedores del hampa que ensucian el uniforme.

El Congreso aprobó, hace poco, una ley para las armas en propiedad de civiles, calificada por propios y extraños como la más avanzada en registro y control, sin caer en el atropello a los derechos del ciudadano honesto que promovían algunos seguidores del chavismo. La vigencia de dicha Ley está en suspenso hasta la promulgación de su reglamento.

Hace unas semanas, se pre publicó un proyecto de reglamento plagado de ilegalidades y disposiciones que, en abierta inconstitucionalidad, pretendía modificar la Ley. El texto, que insistía en retornar al modelo primigenio, calcado del chavismo, fue rechazado por el Congreso. Tras la prepublicación del anteproyecto de marras, el Ministro del Interior tuvo la gentileza y el buen juicio de convocar a representantes de los sectores afectados y especialistas en la materia. Tras reunirnos con el equipo a cargo, hubo absoluta coincidencia verbal sobre la inviabilidad jurídica del texto prepublicado (no se puede modificar una ley por normas de inferior rango ni hacer primar un DS sobre una Ley, ni aplicar un DS de Defensa a los no militares) así como los absurdos que dicho proyecto contenía. Las reuniones cerraron con la promesa de corregir esas barbaridades.

El plazo para publicar el DS que reglamentará la ley vence este jueves 15 de Octubre. Esperemos que el proyecto, hoy en las oficinas de SUCAMEC, contenga un reglamento racional y viable, que no sea desnaturalizado nuevamente por quienes redactaron el engendro antijurídico original, cuya paternidad hoy nadie quiere aceptar.

En materia de seguridad ciudadana, como en todo, necesitamos normas legales  redactadas con inteligencia, basadas en la realidad peruana, que prioricen el bienestar de los ciudadanos honestos sobre las aspiraciones del lumpen; que no atropellen derechos, que duren, que no originen justificadas acciones de amparo o de inconstitucionalidad, que no se tenga que someter al ejecutivo a la vergüenza de ser derogadas pronto por el Congreso.

La SUCAMEC ha acrecentado todos los problemas para cuya solución fue creada. Con desconocimiento absoluto de la materia, aceptado sin desparpajo por ellos mismos, optaron por confundir la realidad con un juego de video, paralizando, complicando o ralentizando deliberadamente todos los procesos a su cargo, haciendo crecer geométricamente del número de licencias no renovadas, del cual paradójicamente se quejan los causantes.

Espero que, finalmente, prime el buen juicio mostrado en la materia por el actual Ministro Pérez Guadalupe y su equipo, y tengamos por fín un reglamento a la altura de la Ley.

Por: Dardo López-Dolz