Armas e inseguridad ciudadana

De modo casi unívoco, hasta esa prensa que aplaudía los bailecitos presidenciales, ha empezado a evidenciar fastidio y una evidente animadversión hacia el presidente. No es inusual que las lunas de miel con la prensa se corten abruptamente, pero la temática de la discrepancia es seria y bien harían el presidente y su entorno cercano en empezar a preocuparse por buscar coherencia y consistencia en sus respuestas, si es que tienen como conseguirla. O más temprano que tarde puede parecer inexorable la implementación del designated survival.

Un presidente elegido con las justas debió abocarse a buscar un acuerdo de gobernabilidad con las principales fuerzas políticas genuinamente democráticas; y no escuchar a quienes, perdedores al fin, se las arreglaron una vez más para preñar otro Caballo de Troya, animándolo a seguir aliado con sus antípodas ideológicos —de dudosa entraña democrática (nadie le avisó que acabó la era Obama)— para buscar fraccionar al principal partido opositor (curiosamente, el más cercano ideológica y programáticamente). Hoy que su credibilidad está en entredicho, y sus mal elegidos aliados lo han abandonado, camina sin amigos por un terreno fangoso de profundidad desconocida.

Entretanto, la inseguridad sigue siendo el principal dolor de cabeza de los peruanos. En la reciente ola de asaltos a bancos llama la atención la pobre rentabilidad obtenida de tan eficaz sincronización criminal. Es la comprobación de que las cosas no se han venido haciendo tan bien como nos las pintaron, con previsible habilidad periodística.

Enmendar lo dispuesto por Humala y enviar policías a custodiar los bancos puede ser un disuasivo eficaz que ataca los síntomas, pero no las causas. Si las bandas son verídicas, estas seguirán existiendo, su accionar mutará y atacaran otra forma de comercio en la que exista liquidez. Y el Ministerio del Interior no podrá repetir la fórmula.

Sigue sin respuesta la pregunta sobre la veracidad de lo publicado por Infobae sobre Norcorea y PR. Además del tozudamente negado flujo endémico de armas, municiones y explosivos de manos de malos miembros de las FF. AA. y la PNP hacia las bandas, es muy probable que no tarde en hacerse evidente (quizá primero en provincias) el flujo de tácticas, equipos y personas provenientes de las ¨desmovilizadas¨ FARC. Mal harían Sucamec el Mininter en mirar a otro lado y replicar los esfuerzos errados del pasado humalista, que buscaron generar iniciativas para limitar a los usuarios legales. Eso equivaldría a querer arreglar algo que no está descompuesto, descuidando el verdadero origen del problema.

Hablando de Sucamec, es inaudito que a 18 meses de Gobierno, pese a estar bajo el mando de un profesional honesto y capaz, por segunda vez en lo que va de este Gobierno, esta entidad siga forzada a tener en su nómina a algunos funcionarios que (pese al tiempo transcurrido) desconocen la materia que les toca administrar. La situación se agrava al obligarla a seguir agonizando económicamente por ausencia de un TUPA que le permita cobrar tasas por las licencias y autorizaciones que otorga; una situación nacida de la imposición de un TUPA único para todas las materias a su cargo, de problemática notablemente diferentes entre sí. Estas son armas y municiones de uso civil y artículos conexos, explosivos, pirotécnicos y empresas de servicios de seguridad.

En esta última materia materia se ha colado una sospechosa intención legal y reglamentaria de bajar la valla para la prestación de servicio de transporte de valores. De concretarse esta iniciativa, abrirá un forado en la legislación para evitar lavado de activos y generará un incremento del riesgo para la vida humana en las calles. Los niveles anteriores de exigencia han dado excelente resultado. Si no está roto, ¡no trates de repararlo!