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Anticorrupción sin patear instituciones

Columna

Anticorrupción sin patear instituciones

20 de Abril del 2017

Debemos respetar los fallos del Poder Judicial

Quienes habitualmente criticamos, y con razón, la poca institucionalidad en el Perú estamos en la obligación de guardar un mínimo de consistencia con nuestra prédica. Algo que se pone a prueba constantemente en el caso de los fallos judiciales, decisiones fiscales o iniciativas de procuradores en temas y casos sensibles; y muy especialmente en materia de lucha anticorrupción, con personajes, autoridades o empresarios que pueden o no ser objeto de nuestros rechazo, aprobación, fobia o admiración.

Así fue en los noventa, al finalizar el primer gobierno de García; así sucedió obviamente tras la caída del régimen corrupto de Fujimori-Montesinos. Así ocurrió con el caso Petroaudios en el segundo régimen de García, y a eso nos acostumbramos en el quinquenio del gobierno Humala-Heredia. Hoy, gracias al caso Lava Jato (a propósito del cual, los últimos tres ex presidentes son objeto de acusación o al menos investigación), la persecución de la corrupción por las “vías institucionales” alcanza su grado sumo, a pesar de que aún —se dice— estamos en los prolegómenos de algo más grande.

Por otro lado, es claro que los fallos y decisiones jurisdiccionales son criticables y susceptibles de generar indignación y rechazo (por ejemplo, el que acaba de permitir a Nadine Heredia viajar sin solicitar autorización judicial personalmente, que me parece deplorable), o aprobación (por ejemplo, el fallo del magistrado Concepción Carhuancho que sí estima como prueba válida las agendas de la señora Heredia).

Asimismo, puedo considerar que, lamentablemente, ya sea por presión política o mediática (factores que teóricamente no deberían influir) se está haciendo un uso y abuso de la figura de la prisión preventiva. En algunos casos se llega a convertir procesos que se encuentran en fase inicial en verdaderos juicios sumarios, y en los que la privación de la libertad del procesado termina siendo una suerte de cumplimiento de pena anticipada. Y desde luego que también puedo estimar como poco transparente e inconveniente el arreglo suscrito entre Odebrecht y el Ministerio Público peruano. Entre muchas otras cosas más.

Pero bueno, todo lo anterior son mis preocupaciones y mis opiniones. El tema es que este columnista no es juez ni tiene la atribución para serlo; así como tampoco la tiene ningún otro periodista ni mucho menos un político. Y claro, se produce el fenómeno (tan evidente en redes sociales) que cuando el fallo o la decisión es de mi agrado, o culpa a alguna persona que estimo deplorable, es motivo de aplauso. Pero cuando ocurre la situación contraria, ahí sí el Poder Judicial está infestado de corruptos, los fiscales son unos negligentes o ineficientes, los procuradores son unos “pulpines figuretis”, y la policía ni qué decir.

Es cierto. Resulta muy difícil no exteriorizar aceptación o rechazo ante determinados pronunciamientos del sistema de justicia; pero el problema es que esos hombres y mujeres que tienen el encargo de operarlo son los únicos encargados de hacerlo. ¿Que pueden cometer errores? Sin duda alguna. ¿Que algunos actúan por interés o son corruptos? Pues claro que sí. ¿Que otros tantos solo se mueven por presiones políticas o mediáticas? Los hay, y varios. Todo lo anterior se puede (debe) señalar y denunciar.

Pero es crucial que entendamos que la sociedad le ha entregado a estos jueces un rol y que este tiene que ser respetado. Personalmente no me gustaron ni me sonaron nada bien las declaraciones del presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, ante el caso Humala. No obstante, más allá de mis gustos, entiendo que estaba aclarando la naturaleza real de la prisión preventiva. No encuentro razón, por ende, para señalar a Rodríguez como “abogado” de Humala ni como un tapacorruptos, y mucho menos para convalidar una acusación constitucional (lo cual, legalmente y dicho sea de paso, es un total despropósito).

Si nos quejamos de la falta de instituciones en el Perú es muy poco consistente destruir públicamente a quienes las encarnan por ejercer el rol para el cual son competentes.

 

Mario Saldaña C.

@msaldanac