América Latina: vamos a reinventarnos

Es necesaria una reingeniería de la política pública

Si hacemos un balance de la situación económica de América Latina, la fotografía que vemos resulta compleja. Un grueso de la población ha logrado salir de su situación de pobreza y ubicarse como clase media, pero aún vulnerable, con demandas específicas de acceso a educación y salud de calidad. Esta nueva clase media tiene anhelos puntuales de mejora en la calidad de vida, lo cual supone acceso al crédito para la compra de vivienda y adquisición de productos de salud, seguros de vida y pensiones.

No obstante, este segmento de la población, y su condición de clase media, depende básicamente de la capacidad de la economía para seguir creciendo y generando empleo formal, sustentado en una mejora sostenible en la productividad del trabajador. Y esto último incluye necesariamente inversión en tecnología e infraestructura, que acompañe el desarrollo de actividades productivas y facilite su integración a mercados potenciales.

Así las tareas del Estado y de los actores privados requieren un trabajo articulado y de comunicación permanente. Ahora que las economías de América Latina se han ralentizado y la recaudación impositiva viene cayendo, con el consecuente ligero incremento del déficit fiscal, resulta evidente que las estrategias de política económica fiscal y monetaria requieren complementarse.

Evidentemente se trata de incrementar la base de contribuyentes. Y para ello, se requiere ser creativos en la promoción de la inversión privada en las grandes obras de infraestructura, vía obras por impuestos y acciones público privadas. Además, la corrupción debe ser totalmente combatida y derrotada.

De otro lado, se requiere una adecuada combinación de herramientas de política pública e instrumentos financieros que posibiliten un cambio en el comportamiento del ciudadano, que acompañe la estrategia de política fiscal y monetaria que elija el gobierno. En América Latina la asociatividad sigue siendo una herramienta fundamental para la población, y se constituye en una forma potente para combatir la corrupción y para facilitar la integración en actividades económicas que contribuyan a la lucha contra la pobreza, la movilidad social y el desarrollo microeconómico sostenible.

Así los programas de asistencia social deberían estar focalizados en la población más pobre. Y el éxito de estos programas debería medirse a través de mediciones en las que se identifique que la población ha superado indicadores preestablecidos. El Estado debería realizar un seguimiento para que, frente a shocks externos, no se genere un impacto desestabilizador en la situación económica de la población hoy aún vulnerable.

Sin duda una reingeniería de la política pública a nivel de impacto en cada ciudadano resulta clave para medir el impacto de las acciones de las herramientas fiscal y monetaria con las que se cuenta, a fin de reactivar el crecimiento económico vía inversión y sin corrupción.

Giovanna Prialé Reyes