Alto al salvajismo

Sobre el monopolio del uso de la fuerza y los linchamientos callejeros

Hartos de la desidia gubernamental y la obsecuente negación de la realidad, hasta del propio Presidente Humala, un grupo de ciudadanos viene promoviendo el linchamiento de los delincuentes, en clara copia de lo que ya vienen haciendo rondas y comités de autodefensa, con aplauso o mirada cómplice para otro lado de quienes hoy se alarman y escandalizan, gobierno incluido. Osea, si el que infringe la ley, tomándola por mano propia, viste poncho o kushna y camina sobre tierra, el delito es tolerable, pero si es urbano, los mismos reclaman todo el peso de la ley en defensa de los derechos humanos del delincuente.

En gobierno replica desde la estratosfera negando lo innegable, amparándose en supuestos indicadores divorciados de la realidad y cifras que ellos mismos construyen, a sabiendas que si no hay muerto o seguro que cobrar, nadie quiere perder el tiempo denunciando, así que para la PNP y el Gobernante, el delito no denunciado nunca ocurrió.

Grave error político enarbolar la defensa de los derechos humanos de los delincuentes a un población hastiada de que los derechos humanos de la gente honesta no le importen al gobernante. Hace que apeste a complicidad con el enemigo.

Cuando este tipo de conducta revolucionaria aparece, socialistas, marxistas  y fascistas (matices todas de la peste dictatorial) claman erróneamente la necesidad del monopolio estatal de la violencia, violencia que es, para ellos, siempre maligna, salvo -claro está- cuando ellos la ejercen, llamándola entonces “justicia social”. Defienden así la satrapía de Hugo Chávez y su sucesor Maduro, aplauden los homicidios del Che, Fidel y su sádico hermano Raúl. Por sus crímenes no hay ojos que lloran, ni CVR alguna.

Lo que el Estado debe tener es el monopolio del juzgamiento y el castigo, eso no debe cederse nunca, a ninguna agrupación distinta del propio Estado, ni a las Rondas Campesinas, ni a los Grupos de autodefensa, ni a las Juntas Vecinales, ni a ningún ciudadano por indignado y harto que esté. La campaña por la que hoy se rasgan las vestiduras, debiera servir para dar de una vez un golpe de timón, recuperando ese monopolio perdido en un país donde hasta la prensa ha acabado llamando retención o justicia popular al secuestro, los azotes y el linchamiento, cuando son cometidos por ciudadanos del ande o la amazonía.

O empezamos de una vez a restaurar el imperio de la ley o seguiremos  rodando cuesta abajo hacia el paleolítico en materia de orden, seguridad y justicia.

La violencia per se no es siempre mala. Con violencia combatió Cáceres al invasor, con violencia vencimos en Junín y Ayacucho, con violencia se rescató a los rehenes de la embajada de Japón, con violencia se defiende desde sus orígenes el hombre honesto cuando es atacado injusta e ilegalmente por delincuentes. La violencia es un derecho y herramienta justificada cuando se usa para detener la acción ofensiva del atacante, incluso si como consecuencia no deseada, se causa lesiones y hasta la muerte del delincuente, pero es imprescindible distinguir el uso de la fuerza en legítima defensa, del uso de la violencia sancionadora contra el agresor ya rendido, reducido o maniatado; eso es salvajismo, así lo cometan ronderos, nativos, comuneros o ciudadanos de la urbe.

Por: Dardo López-Dolz